EDITORIAL

Un Presupuesto maniatado por la crisis

Varios son los objetivos que el Gobierno proclama perseguir con los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Primero, la reducción del desempleo; a continuación, la reducción del déficit para cumplir con los planes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga bajarlo hasta el 3% en 2013 y, después, el incremento de la competitividad de la economía española. Todos son deseables, pero las duras cifras presentadas ayer en el Congreso por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, demuestran que el próximo año se dedicará a reducir el desajuste de las cuentas públicas.

Esta prioridad explica que estos Presupuestos estén marcados por una extrema austeridad, la mayor en tres décadas, y que van a sacrificar el crecimiento económico. La merma de fondos públicos -el gasto no financiero se recorta un 7,9% y los ministerios dispondrán del 15,6% menos de dinero- pasará factura a una actividad que no acaba de despegar y sobre la que pesan serias incertidumbres a corto y medio plazo. Especial incidencia va a tener también la caída de la inversión en infraestructuras, con recortes del 30% que difícilmente podrán compensar las primeras licitaciones del plan público-privado de 17.000 millones de euros. Este tijeretazo será, en conjunto, un duro golpe para una economía históricamente influenciada por el peso del sector público, cliente de primer orden de las empresas privadas.

Al frenazo inversor se sumará la disminución de la renta de muchos ciudadanos, que puede tener un efecto demoledor sobre el consumo. El aumento del tipo marginal de la tarifa estatal del IRPF para las rentas más altas puede detraer de la demanda interna al menos 200 millones de euros. Y, por otro lado, la reducción salarial del 5% para los empleados públicos y la congelación de las pensiones -sólo crecerán un 1% las más bajas- contribuirán a mermar seriamente tanto la capacidad como la voluntad adquisitiva de familias de rentas medias y bajas.

Todo ello permite poner en duda la previsión oficial de crecimiento del 1,3% del PIB, que numerosos expertos ya han rebajado. Precisamente aquí reside la debilidad de unas cuentas que pecan de optimistas en el capítulo de ingresos y exigen más del 58% del gasto para cubrir el capítulo social. El Gobierno confía en que los impuestos estatales recaudarán un 6,1% más respecto a la liquidación de este año, un crecimiento que se atribuye casi por completo al aumento de una todavía anémica actividad. Por su lado, la supresión de la deducción en IRPF por la compra de vivienda para las rentas superiores a 24.170 euros podría ahorrar al fisco 1.500 millones, pero la nueva desgravación por rehabilitación costará 1.000 millones, compensando parte de aquel ahorro.

Si los ingresos fiscales no aguantan el ritmo previsto, eso supondrá un sonoro fracaso en el ambicioso recorte del déficit. El Gobierno se ha comprometido -ante Bruselas y los mercados- a reducirlo en 2011 más de tres puntos porcentuales (del 9,3% al 6%), el mayor paso de todo el Plan de Estabilidad hasta 2013. Si según avance la ejecución presupuestaria no se cumplen estas previsiones, serán necesarios nuevos recortes del gasto, ya de por sí muy castigado, lo que dañaría ante los mercados financieros internacionales una imagen que aún está prendida con alfileres.

Lo que está realmente en juego con estos Presupuestos es la credibilidad de la capacidad del Gobierno para reconducir las cuentas públicas, algo que impacta directamente en el crédito de la economía española. La rebaja de la calificación de la deuda soberana anunciada ayer por Moody's -aunque como ya han hecho las demás agencias de rating sea sólo de un escalón frente a la máxima nota- es un mensaje que no debe obviarse. Son certeras las dudas sobre la capacidad de la economía española para crecer, como demuestra la advertencia de que la economía se ha debilitado en el tercer trimestre que hizo, también ayer, el Banco de España.

Aumentar la actividad es la piedra angular de un año que se presenta complicado, y está claro que estos Presupuestos no contribuirán a ello. Por ello hay que ponerlos en cuarentena. Si el Gobierno no cumple con el objetivo de acelerar las reformas capaces de aumentar el potencial de crecimiento, estas cuentas públicas servirán de bien poco.