Qué suma y qué resta el Presupuesto a la economía

El Consejo de Ministros ha aprobado el que debería ser el penúltimo Presupuesto de la legislatura, si el presidente Rodríguez Zapatero quiere mantener el calendario electoral natural. Tras estas cuentas públicas que tan trabajosamente ha sacado adelante en el Parlamento, debería proponer otras para 2012 más restrictivas aún por mandato comunitario. Buena parte del rigor que Bruselas ha exigido a España para volver al 3% de déficit en 2013 está implícito en las cuentas de 2011, pero al menos la mitad del camino a recorrer depende más de la evolución de la economía que de los números del equipo económico del Gobierno.

El Presupuesto para el año próximo es austero, restrictivo incluso, como proclama la vicepresidenta y ministra de Economía; pero en absoluto social. Y si contribuye o no a consolidar el modelo de crecimiento que el Ejecutivo pretende fortalecer lo dirá el tiempo, aunque en términos generales los Gobiernos suelen exigir a los Presupuestos una ambición que nunca aportan. Acostumbrar a una sociedad a que sean las disposiciones presupuestarias las que determinen las decisiones de consumo, ahorro o inversión de los agentes económicos suele tener efectos más perversos para la actividad económica que elaborar unas cuentas de ingresos y pagos públicos asépticos y neutros para la ciudadanía.

Una economía funciona mejor si está menos pendiente de lo que el Estado le da o le quita, porque la experiencia ha resuelto ya que cuanto menos intervencionismo público exista en las decisiones económicas, más ágiles y productivas son. Desgraciadamente, la recesión ha provocado una vuelta a la intervención pública para atender el creciente volumen de gasto que genera tanto la crisis de empleo como el encarecimiento de los recursos financieros. Y para ello los Gobiernos han dado pasos como el que el español consolidó el viernes con el proyecto de Presupuestos: un barrido casi general a la renta de los españoles para elevar sus aportaciones fiscales, cargando las tintas en las rentas más altas y en las de carácter financiero, amén de un recorte de las rentas de los pasivos y los funcionarios.

Ambas decisiones por sí solas no lograrán llevar el desajuste fiscal al 6% como pretende Hacienda en 2011, aunque son imprescindibles. Ninguna de ellas hace aportaciones positivas a la actividad, puesto que restringe la renta disponible de la gente, que es la madre de todas las variables para que crezca la demanda agregada y con ella el PIB y el empleo. Pero tienen el valor de que devuelven, en parte, la credibilidad financiera a España en un momento en que el ahorro mundial ha extremado su celo y no está dispuesto a financiar a cualquier país y a cualquier precio. Por tanto, esta intención gubernamental de devolver el crédito a España comienza a cimentarse con este Presupuesto (en realidad con el recorte de gasto que Zapatero anunció en mayo), pero debe consolidarse con correcciones adicionales del gasto si fuesen precisas, puesto que no cabe esperar que sean los ingresos los que devuelvan el lustre a las cuentas públicas, al menos en unos años. Además, cualquier incremento adicional de impuestos, sea de la naturaleza que sea, será una carga para los contribuyentes que restará más capacidad de crecimiento.

Seguramente, el mejor momento para reestructurar todo el gasto público, así como la dimensión y la labor del Estado en la economía, será cuando las aguas desbordadas por la crisis hayan recuperado el cauce; pero la disposición política a hacerlo entonces disminuirá por falta de presión. La oportunidad que da la crisis no debe despreciarse. Igual que el Presupuesto cercena unas bonificaciones fiscales para la adquisición de vivienda que han servido de activador enloquecido del precio de los activos inmobiliarios, debe someterse a revisión cada una de las partidas de los más de 40.000 millones de euros de gastos fiscales del Estado, y eliminar cada euro público que no genere al menos dos en actividad privada.

Además, para facilitar el trabajo del Presupuesto y llegar a un desfase fiscal razonable (3% de 2013), el Gobierno debe intensificar las reformas de los mercados de bienes, servicios y factores, con más ambición que hasta ahora para estirar el crecimiento potencial de la economía. España no puede estar uno, dos o tres años más con crecimiento y empleo planos, como el propio proyecto del Ejecutivo recoge.