La CEOE dice que los recortes en vivienda incrementarán el paro

La CEOE asegura que los recortes que el Gobierno prevé aplicar en las políticas de vivienda para contener el déficit público lograrán el "efecto contrario", lo incrementarán al desincentivar la compra de viviendas, con la consiguiente disminución de retornos fiscales, y afectarán a la actividad del sector generando más paro.

Según la patronal, estos efectos son cuantificables: por cada vivienda que se deja de construir se pierden 2,4 empleos -1,7 directos y 0,7 indirectos-, mientras que la recaudación inducida supone el 43% del precio de la vivienda, superior al ahorro previsto por el Ministerio de Vivienda, de más de alrededor de 1.200 millones de euros en dos años.

Así lo aseguraron en rueda de prensa, el presidente de la de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de la CEOE, Juan Lazcano, el presidente de la patronal de promotores (APCE), José Manuel Galindo, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos (CEPCO), Rafael Fernández.

Las tres cabezas visibles del ''ladrillo'' comparecieron para presentar un documento de rechazo al borrador de Real Decreto por el que se pretende modificar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que suprime las ayudas directas para la compra de viviendas protegidas (VPO) al tiempo que reduce las subvenciones para la promoción su vivienda protegida, entre otros recortes.

Lazcano escenificó el enfado de los empresarios: "Después del análisis que se ha hecho en CEOE de este borrador ya da pereza. Yo no sé a qué gente o qué cabezas despiojadas se les ocurren estas cosas. Es difícil de entender. Es un suma y sigue que verdaderamente indigna".

A modo de ejemplo, los empresarios realizaron una simulación para ver los efectos de la retirada de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE). Así, para una pareja de 35 años, con un salario de 2,5 veces el Iprem, el ahorro necesario para adquirir una VPO de régimen general sería de 46.183 euros, frente a los 35.983 euros que tendrían que ''juntar'' contando con la ayuda, con lo que el ahorro para las arcas públicas sería de 10.200 euros por vivienda.

Por el contrario, el coste total en términos de recaudación de no producir una de estas viviendas es de 59.373 euros. Si se compara coste fiscal y ahorro, se deduce un saldo negativo de 49.173 euros para el Estado.

Si bien, la CEOE considera que los efectos irán más allá de las cuentas y afectarán a la actividad del mercado. "La eliminación de la ayuda supone automáticamente menos demanda", ya que supone hacer "insolvente" a los potenciales compradores y, como recordó Galindo, "un promotor hace las viviendas que puede vender".

Además, aunque el Ministerio de Vivienda ha ampliado la financiación que pueden conceder las entidades financieras en para la compra de VPO del 80% al 90%, para compensar la eliminación de la AEDE, consideran que las entidades no aportarán ese 10% adicional a los posibles compradores porque ello les supondrá provisionar más recursos.

En consecuencia, se concederá menos financiación y caerán las compraventas de vivienda. En este punto, Galindo consideró que, de adoptar finalmente esta medida, debería ir acompañada de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el 10% del crédito convenido para que no compute a efectos de riesgo. Además, consideró que otra opción alternativa podría ser prorrogar un año la medida para la transformación de la vivienda libre en usada, que cuenta con ayudas, para dar salida al ''stock''.

Por otro lado, los empresarios se quejan de un "trato discriminatorio" de los promotores de VPO frente a las cooperativas, pues éstas disfrutarán durante el periodo de construcción de un diferencial en el tipo de interés entre el 0,25% y el 1,25%, mientras que para los promotores se situará entre el 0,25% y el 2%.

Además, este incremento de los diferenciales entrará en vigor el 1 de enero, un "efecto llamada" para que las entidades financieras esperen hasta esa fecha para formalizar los préstamos que estén en tramitación, con el fin de aplicar un mayor diferencial en la operación.

Por otro lado, el documento señala que la reducción en un 40% aproximadamente de las subvenciones a los promotores de viviendas en alquiler será un "poderoso incentivo" a la promoción en arrendamiento, lo que contradice la aspiraciones del Gobierno.

Y es que, según los cálculos de la CEOE, el efecto inmediato de la medida será una reducción de la tasa interna de rentabilidad (TIR) de los promotores de alrededor de dos puntos porcentuales y un incremento de la aportación de recursos propios de otros seis puntos respecto del total de la inversión.

En cuanto a la supresión de las subvenciones para la adquisición y urbanización de suelo para VPO, la CEOE entiende que echará más leña al fuego de la falta de financiación y que la escasez de suelo efectivamente urbanizado volverá a convertirse en un "cuello de botella" que encarecerá artificialmente el suelo destinado a la promoción de VPO.

Con independencia de estas alegaciones, los empresarios piden al Gobierno la supresión de la obligatoriedad de implantar los registros de demandantes en las comunidades autónomas, que aseguran ralentizan la comercialización de las viviendas y suponen un gasto inútil.

Asimismo, demandan una ampliación del límite de ingresos de viviendas de régimen especial hasta 3,5 veces el Iprem, para que más personas puedan beneficiarse del IVA del 4% que grava estas viviendas y la ampliación hasta 5,5 veces el Iprem para la compra de un vivienda protegida de precio general.

Ataques al Ministerio de Vivienda

En resumen, la CEOE considera que el decreto del Gobierno es "muy negativo" y que "se debería abortar" o acompañar de "medidas compensatorias". En palabras de Galindo, la CEOE está "a favor de medidas de ajuste, pero no sobre la economía productiva ni sobre un bien de primera necesidad como la vivienda".

Según el presidente de APCE, la demanda estructural ya está por debajo de las 350.000 viviendas necesarias y de lo que se construye -270.000 viviendas previstas para el conjunto de 2010-, el 50% es VPO, con lo que el decreto golpeará la línea de flotación del sector. "Va a haber menos demanda de vivienda y también menos oferta", vaticinó.

Las críticas de los empresarios apuntaron directamente al Ministerio de Vivienda y a este "error de cálculo" que supone para ellos el decreto. Además, reprocharon al gabinete de Beatriz Corredor que no les haya consultado antes. Lazcano indicó que la CEOE trasladará esta consideraciones a Vivienda, aunque "teme" que el Consejo de Ministros apruebe los recortes antes de leer el documento que ya han remitido al Ejecutivo.