Mínimos al servicio de la mayoría social
Los grandes sindicatos están poniendo un desmesurado celo en lograr unos servicios mínimos esenciales durante la jornada de huelga lo más limitados posibles, para utilizarlos como una palanca práctica que magnifique los efectos de la movilización, y que neutralice en parte la pobre inclinación a secundar el conflicto que hay entre la población. Por ello, han diseñado una propuesta detallada del grado de funcionamiento garantizado que debe existir en los transportes públicos, variable que proporciona la movilidad de la ciudadanía y que se convierte en determinante para ir o no a trabajar para la inmensa mayoría de los españoles.
Como modelo, han replicado el diseño aplicado en la huelga general de junio de 2002, pactado con el Gobierno del Partido Popular y posteriormente corregido por los tribunales. Admiten hasta un 25% de los servicios en los transportes de cercanías en los grandes núcleos urbanos y metropolitanos, pero quieren secar prácticamente toda unión aérea o de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y el resto de las grandes ciudades españolas, permitiendo un solo servicio entre los núcleos que estén a más de 500 kilómetros.
En España, la misma improvisación que existe en la regulación del derecho de huelga existe en la determinación de los servicios mínimos y en las garantías de los derechos a la movilidad y al trabajo de quien quiera ejercerlo, dejando ambas cosas al criterio arbitrario e interesado de la autorregulación sindical. Por ello, se echa mano de la experiencia de conflictos del pasado, que en nada se parecen al actual ni social, ni política, ni económicamente. Desde luego que la prestación de servicios en las actividades esenciales de la comunidad debe respetar el derecho de huelga. Pero el Gobierno no puede hacer abstracción en la negociación con las centrales (ayer se abrió el intercambio de opiniones entre Fomento y sindicatos) del sentir colectivo de los españoles, que mayoritariamente han manifestado, por los cauces demoscópicos habituales, su deseo de trabajar y no secundar la huelga convocada por UGT y CC OO. Haciendo uso de un instinto y perspicacia más atinada que la demostrada por los sindicatos desde que comenzó la crisis, la ciudadanía es consciente de que España necesita sacrificios para salir de la parálisis en la que tiene a su economía, pero en ningún caso huelgas generales.
Permitir un uso torticero de los transportes para imponer la huelga a una parte significativa de la población va en contra de la obligación gubernamental de garantizar el libre ejercicio del derecho al trabajo. La batalla para dilucidar el éxito o fracaso de la huelga, que no debe variar ni un milímetro del deseo real de la población de parar o trabajar, se librará esta semana en la determinación de los mínimos de los servicios públicos, y en la capacidad de las autoridades de hacerlos respetar el día 29 de septiembre.