BP cierra el pozo pero no su vía crucis
El pozo Macondo "ya no supone una continua amenaza para el golfo de México". El supervisor del Gobierno estadounidense en la zona, Thad Allen, anunció así el domingo que los esfuerzos de BP por sellar definitivamente el pozo siniestrado el 20 de abril habían dado, por fin, sus frutos. El sellado definitivo cierra un capítulo importante aunque los damnificados por la catástrofe se cuentan por centenas de miles y el impacto medioambiental se sentirá durante décadas.
Es por ello que la pesadilla para la centenaria BP apenas ha pasado su primera página, y la incertidumbre acerca de lo que le queda por llegar atenaza a la petrolera británica. La compañía se enfrenta a muchas citas con la justicia estadounidense, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, al poder legislativo de Washington y a sus propios accionistas.
En los 87 días que siguieron a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon se han vertido al mar entre 4,1 y 4,8 millones de barriles, un siniestro que expone a BP a multas para hacer frente a su responsabilidad civil que pueden llegar a ser muy onerosas. Cada barril vertido le puede costar 1.100 o 4.300 dólares, dependiendo si se demuestra que hubo negligencia en la gestión. Si la hubo, además de la multimillonaria cuenta a pagar, los socios en el pozo, Anadarko y Mitsui, no tendrían que asumir a ninguna parte de la factura.
De momento, la empresa, según informó el domingo en una nota oficial, ha hecho frente a unos costes de unos 9.500 millones de dólares. En esa cantidad se incluyen los gastos para frenar el vertido, la contención de éste, las obras de sellado y cimentación definitiva del pozo, ayudas a los estados de la zona del Golfo afectados, así como algunas reclamaciones y costes federales.
Es el comienzo de una larga lista de obligaciones que incluyen la limpieza de la zona. Tony Hayward, ex primer ejecutivo de la empresa así lo dijo en un comunicado. "Aún queda mucho por hacer. El compromiso de BP es completar el trabajo y restaurar el daño hecho al Golfo de México, a la costa y a las vidas de los habitantes de la región".
La primera de las obligaciones la estableció el Gobierno de Barack Obama que en junio pidió a la empresa que creara un fondo de 20.000 millones de dólares para hacer frente las reclamaciones de cientos de miles de afectados, desde los pescadores de la zona hasta los proveedores de los restaurantes de las áreas turísticas afectadas y que han visto caer su demanda en picado. Ken Feinberg, el hombre que se encargó de las reclamaciones por el 11-S, será quien determine cómo y quién será compensado con este fondo.
Además, hay un buen número de reclamaciones individuales, empezando por las de las familias de los 11 operarios fallecidos en el accidente de la plataforma, que pueden ir incrementando la factura a pagar por la compañía.
La petrolera ha efectuado provisiones en sus cuentas para hacer frente a los gastos provocados por el desastre del Golfo. En el segundo trimestre destinó 32.000 millones de dólares, lo que dejó su resultado en pérdidas de más de 17.000 millones de dólares. Además, BP sigue adelante con su plan de vender activos por valor de 30.000 millones de dólares para cubrir sus obligaciones y hasta el momento ha conseguido un 30% de este objetivo.
Más responsables
Buena parte de la cuenta a pagar por BP depende de su grado de responsabilidad. En EE UU hay una investigación civil y otra penal en marcha además de una comisión del Parlamento. De momento, la empresa ha emitido un informe en el que admite que parte de la culpa es suya pero no sola, los dueños de la plataforma, Transocean, y la empresa que cimentaba el pozo en abril, Halliburton, aparecen también señaladas por BP.
Los otros problema que tiene BP sobre la mesa son de carácter legislativo y administrativo. La empresa está afectada por la moratoria sobre las exploraciones en aguas profundas (la paralización de las exploraciones petrolíferas y de gas en aguas profundas tras el accidente de BP) y será objeto de una mayor supervisión en el futuro. En el caso legislativo, hay una propuesta, que tiene difícil salida, que impide que la compañía siga trabajando en el Golfo dado su historial en materia de seguridad: además de este accidente hay que sumar el de una refinería en Texas y vertidos en Alaska. Aunque es casi imposible que esta prohibición sea aprobada, es una incertidumbre más para un grupo que tiene casi un tercio de su producción en EE UU.