El Gobierno niega que la operación suponga una ayuda de Estado

Más de 200 personas, entre directivos de las eléctricas y los bancos, inversores y representantes de la Administración, participaron ayer en la sede de Industria en la presentación del road show del programa de emisiones del déficit eléctrico. El Gobierno ha negado que se pueda considerar como una ayuda de Estado y confía en el éxito de las colocaciones.Asegura que más de cien inversores han mostrado interés

El encierro indefinido iniciado ayer por seis representantes sindicales de la minería del carbón, más concretamente del grupo de Victorino Alonso, en la sede del Ministerio de Industria para reivindicar el pago de sus nóminas, no pareció ensombrecer la sesión inaugural ante más de dos centenares de empresas eléctricas, bancos e inversores del road show para dar a conocer las bondades del programa de emisión de bonos de la deuda eléctrica.

Tal como estaba previsto, sobre las 12,30 de la mañana se celebró esta presentación, que tendrá continuación en las principales plazas financieras europeas y asiáticas en las dos próximas semanas, según fuentes próximas al ministerio. Además de representantes de las eléctricas afectadas y de los agentes financieros, en el acto participaron el director general de la Energía, Antonio Hernández y la directora general del Tesoro, Soledad Núñez.

Con las futuras emisiones de bonos (valores negociables de renta fija), el Gobierno pretende "atraer inversores interesados en un producto que presenta importantes garantías" y prevé una fuerte demanda, ya que las instituciones que han demostrado su interés previo superan el centenar, según las mismas fuentes. Por tanto, añaden, "no debería haber problemas para la colocación". Ante las dudas planteadas en el sector respecto a que el programa de emisión de bonos sea considerado una ayuda de Estado, en el Gobierno lo niegan rotundamente.

El objetivo del FADE (fondo de amortización del déficit eléctrico) que ayer se presentó, es, según el folleto remitido por su gestora a la CNMV, "financiar y amortizar el importe acumulado el importe acumulado de una deuda del sistema público de liquidaciones eléctrico con las generadoras del sector eléctrico, que son las cedentes al fondo". La deuda se financiará con cargo a la tarifa de acceso que, curiosamente, Industria ha decidido congelar en el último trimestre del año.

Las emisiones (hasta 13.500 millones en el momento del registro del folleto) contarán con la garantía del Estado y una línea de crédito del ICO de 2.000 millones de euros para cubrir posibles desfases de tesorería. La supervisión de las colocaciones las hará un órgano colegiado: la comisión interministerial en la que participan Industria y Economía, que será apoyada por un comité de seguimiento. El folleto establece las situaciones en las que resolverían tanto el fondo como las emisiones, o se liquidaría anticipadamente el fondo y la situación fiscal del mismo.

En cuanto al rendimiento de los valores a emitir, se podrán determinar mediante un tipo de interés fijo pagadero periódicamente; series cupón cero o mediante un tipo de interés variable referenciado a un tipo de referencia del mercado (cuando no se especifique ninguno, la referencia será el euríbor).

Además de dar cuenta de la situación económica y financiera de las eléctricas acreedoras (que financian en estos momentos con tipos de interés de en torno al 4%), el documento entregado en la CNMV hace un análisis del sistema eléctrico, cuyas desviaciones tarifarias han provocado una elevada deuda entre las empresas (ésta ya han colocado hasta 4.000 millones, que se pagan desde hace varios años forma aplazada en la tarifa).

La decisión de los Gobiernos de la última década de no recoger todos los costes es el causante de la situación. La ley de medidas energéticas aprobada en julio de 2009 estableció un periodo transitorio, hasta 2013, en que se permitirá la generación de déficit tarifarios. A partir de entonces, y en teoría, los costes deberán reconocerse con las subidas correspondientes de la factura eléctrica.

Las cifras

2.000 millones es la línea del ICO para cubrir desfases de tesorería, que se suman al aval del Tesoro.4.000 millones han colocado ya las eléctricas del déficit de tarifa de la última década. Los derechos de cobro actuales suman 17.624 millones de euros, más de la mitad de Endesa.

Industria propone congelar la tarifa de acceso

Las coincidencias se sucedieron en el día de ayer. Así, mientras el Ministerio de Industria presentaba el programa de emisiones de bonos por 25.000 millones con el que quiere financiar en el mercado la deuda acumulada por las eléctricas por insuficiencia tarifaria, el propio departamento que dirige Miguel Sebastián remitía a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la orden con su propuesta de revisión de la tarifa de acceso para el último trimestre de este año.Aunque, como queda claro en las condiciones de las emisiones de bonos, será esta tarifa la vía para sufragar el coste de dichas emisiones (de momento, 17.624 millones de euros), el ministerio propone una congelación de la misma hasta diciembre. Esta decisión la justifica aduciendo que tanto las previsiones de demanda, de costes y de los ingresos por facturación revisadas en julio siguen siendo válidas, lo que garantiza que el déficit no superará 3.000 millones.Sin embargo, el texto legal reconoce que si se recogieran los extracostes del régimen especial (1.550 millones de euros) o los de la distribución (496 millones), que coincide con los datos de la CNE, esto llevaría a superar el límite de los 3.000 millones: en 1.247 millones si se tiene en cuenta el sobrecoste del régimen especial o en 1.905 millones incluyendo ambos, con una subida de tarifas de acceso superior al 40%.En cualquier caso, el hecho de que se mantenga igual la tarifa de acceso no significa que no vaya a subir la factura eléctrica, pues esta recoge también el coste de la energía. Esta se determina, para los domésticos con tarifa de último recurso (TUR), en la subasta Cesur para suministrar a estos consumidores. La sospecha de que la TUR sí subirá, podría haber llevado a Industria a evitar un alza global mayor congelando la de acceso. De esta manera, evitará, tal como ocurrió en junio (frente a una subida del 10% aprobó al final una bajada del 3%) tener que retractarse. Para justificar aquella situación Sebastián anunció un pacto energético con el Partido Popular, que incluiría una profunda revisión de los costes del sistema, del que nunca más se supo.