Zapatero descarta crear una línea ICO para cubrir la deuda municipal

Quienes dentro del Gobierno no ven mal que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) alumbre una nueva línea de recursos para que los ayuntamientos paguen sus deudas tienen la batalla perdida. José Luis Rodríguez Zapatero descartó ayer enérgicamente en el Congreso tal posibilidad, ya que para el presidente el objetivo de déficit público es sagrado.

El nuevo informe de la agencia Moody's está al caer y al presidente del Gobierno sólo le obsesiona, de momento, hacer bien los deberes para que los mercados no penalicen de nuevo a España. Presionado por la oposición parlamentaria para que el Gobierno ayude a los ayuntamientos a superar su asfixia financiera, José Luis Rodríguez Zapatero dejó claras las reglas de juego. "No vamos a aumentar el déficit público a través de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas", advirtió tajante.

En esta ocasión, fue el líder del PP, Mariano Rajoy, quien le interpeló para que diera su brazo a torcer y cumpliera las mociones que se han aprobado en el Congreso para que el Ejecutivo acuda en socorro de las corporaciones locales. A juicio de Rajoy, el ICO sería un buen instrumento para prestar esta ayuda.

Zapatero dejó claro que hasta que el Gobierno no encuentre una fórmula que permita abrir una nueva línea de crédito a los ayuntamientos sin que compute en el déficit, no habrá novedades porque el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha remitido el Ejecutivo a Bruselas es sagrado. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, también se ha expresado en estos mismos términos en las últimas semanas cuando desde el PP, CiU o la izquierda parlamentaria se ha señalado al ICO como pañuelo de lágrimas.

Esta obsesión de Zapatero por no dar pie a nuevas tormentas financieras contra España es también compartida por el comisario europeo Joaquín Almunia. Ayer, durante un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía, el comisario de Competencia dejó claro que una de las prioridades de las políticas económicas debe ser el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria. Preguntado por las rectificaciones del Gobierno en relación con la inversión en infraestructuras, Almunia consideró que si se cumple con el objetivo de déficit, estas correcciones no son importantes para los mercados. "El problema no es que las inversiones en infraestructuras sean 500 millones de euros más o menos. Si hay margen para aumentar la inversión en 700 millones más y cumplir con el objetivo del déficit, estupendo, mejor", afirmó. Lo trascendental, añadió el comisario, es mantener la credibilidad frente a los mercados, pues éstos siguen "dolidos y volátiles".

En este afán de ganar credibilidad, Zapatero volvió a ratificarse ayer en el Congreso en que, con independencia del alcance de la huelga general convocada para el 29 de septiembre, no rectificará ninguna de sus reformas ni renunciará a su intención de modificar el sistema de pensiones.

El presidente y su vicepresidenta económica recibieron un chaparrón de críticas procedentes de todos los grupos parlamentarios. Los máximos responsables del equipo económico del PP, Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, les reprocharon la creciente pérdida de competitividad de la economía española, detectada en el reciente informe del Foro Económico Mundial. A juicio de Elena Salgado, los indicadores de Davos "no son la biblia".

La cifra

3.000 millones de euros es el montante que los ayuntamientos deben a los proveedores. La deuda bancaria supera los 26.000 millones.

Vivienda ahorrará 1.200 millones

La necesidad de rebajar el déficit también se reflejará en los Presupuestos del Ministerio de la Vivienda que dirige Beatriz Corredor. La ministra anunció ayer en el Congreso un ahorro para los dos próximos años de algo más de 1.200 millones de euros que se cargará, sobre todo, en la partida destinada a las ayudas directas a la entrada para la compra. En este caso, el recorte será de 750 millones. También se verán afectadas las ayudas a los promotores para la urbanización de suelo (67 millones), las subvenciones para la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler (206), la eliminación de la reserva de eficacia (140), las ayudas para alojamientos (41), y la subvención estatal para la ventanilla única de vivienda (30).La ministra informó de que los ciudadanos que se encuentren en un "proceso avanzado" de compra de una vivienda protegida podrán percibir la ayuda a la entrada, ya que se trata de una "expectativa legítima" que pudo influir en su toma de decisiones.Beatriz Corredor añadió que el borrador de real decreto que modificará la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) incluye una disposición transitoria en la que se proyecta una "suave transición" desde la legislación actual hasta la desaparición de este tipo de subvenciones.