CEOE exige al Gobierno firmeza contra los piquetes en el 29-S
Los empresarios exigieron ayer al Gobierno firmeza contra los piquetes en la huelga del 29-S, "para proteger las instalaciones empresariales y a las personas". Además, CEOE fijó sus líneas rojas para los Presupuestos de 2011: "No debe tocarse la inversión en I+D+i ni las ayudas a la internacionalización".
Esperamos que la huelga general del 29 de septiembre no sea violenta (...), además no hay mucho entusiasmo entre los trabajadores para secundar el paro", aseguraba ayer el secretario general de CEOE, José María Lacasa. A pesar de este análisis hecho ayer por los órganos directivos de la patronal, esta organización exige que el próximo 29-S "el Gobierno garantice el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales" y que "vigile y controle la actuación de los piquetes piquetes y exija responsabilidades sobre todo tipo de daños".
Así lo precisa CEOE en una circular que ha enviado a todos sus asociados en la que pide a todas las empresas "que el día 29 abran puntualmente a primera hora de la mañana todas sus instalaciones". Y anuncia que CEOE establecerá un sistema de información y consulta para los empresarios. Este retén empresarial hará un seguimiento intensivo de la huelga -explicó Lacasa- "y, sobre todo, detectará actuaciones violentas y actos ilegales" de los piquetes.
Una "línea caliente"
Para protegerse de dichos actos, los empresarios pidieron ayer que "se establezca una línea caliente con el Gobierno que les haga llegar con celeridad cualquier indicio de agresión o actividad violenta" contra empresarios o quienes quieran trabajar ese día.
Por otra parte, no es habitual que los empresarios hablen sobre los Presupuestos antes de que éstos se hagan públicos. Pero este año, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno y la gravedad de la situación económica, CEOE ha decidido presionar sobre el diseño de las cuentas públicas.
Según opinó ayer esta organización, "el ajuste del gasto público debe concentrarse en el gasto corriente y no en las inversiones en infraestructuras, I+D+i e internacionalización de las empresas, de la que depende la pervivencia de muchas compañías".
Y apunta por dónde debe ir el ajuste del gasto público. Entre sus propuestas está la de "reducir la dimensión de las administraciones públicas". Para ello sugiere "revisar el tamaño mínimo de un ayuntamiento para poder gestionar los recursos o aminorar la "enorme contribución a la ayuda al desarrollo".
Además, CEOE recupera la idea con la que su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se estrenó en el cargo: incrementar la privatización de los servicios públicos, como los trenes; e intensificar la colaboración público-privada en la gestión de aguas, basuras, transporte urbano o centros sanitarios. Y exigen que el Gobierno "deje de financiar las pérdidas de empresas públicas", como las televisiones, "que deberían privatizarse". Asimismo abogan por fijar un copago en algunos servicios públicos, adecuando las tarifas al uso de cada ciudadano.
Sustituir a Díaz Ferrán o reducir liberados no está en la agenda
Nadie pidió ayer la dimisión del presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, ni el adelanto de las elecciones en esta organización. Así lo aseguró ayer el número dos de CEOE, José María Lacasa, tras sendas reuniones de los máximos órganos de dirección de la patronal (Junta Directiva y Comisión Ejecutiva) donde la legitimidad de Díaz Ferrán para presidir la organización no fue puesta en duda por ninguno de sus dirigentes. De esta forma, Lacasa confirmaba lo que viene ocurriendo en los últimos meses: que en las reuniones directivas de CEOE ninguno de sus representantes se atreve a reclamar públicamente lo que en privado, desde distintas instancias sectoriales de la patronal se reclama.Igualmente, Lacasa aseguró que "tampoco está entre las prioridades de CEOE" reclamar un cambio legal para disminuir las horas sindicales y, por tanto, reducir el número de liberados que ampara la ley.
Recibir el 100% de la pensión tiene que costar más de 35 años
Las principales propuestas de los empresarios para reformar las pensiones persiguen mejorar la contributividad del sistema, como adelantó CincoDías. Esto es, la relación entre lo que el trabajador aporta y lo que recibe. Para que esto sea más justo quieren que se "intensifique" dicha relación o lo que es lo mismo, que cueste más años conseguir el 100% de la pensión. En la actualidad se exigen 35 años y en la mayoría de países europeos, entre 40 y 50 años. Y piden "ampliar sustancialmente" el número de años que se toman para calcular la pensión. Ahora son los últimos quince años y pretenden que "en el futuro sea toda la vida laboral. Reclaman que la edad real de jubilación (63,27 años) se acerque a la legal (65 años). Y exigen que los impuestos financien los 4.000 millones de complementos a mínimos y los 3.000 millones de bonificaciones al empleo que aún pagan las cuotas. Así estas podrán rebajarse para crear empleo.
Liberados sindicales en las empresas
60 millones de horas son las que tienen reconocidas los trabajadores del sector privado para realizar actividades sindicales por parte de sus representantes.4.200 trabajadores. Este es el número de asalariados medios por los que existe un delegado de personal o un representante sindical en las empresas.39 liberados sindicales y 290.800 delegados de personal registrados.