COLUMNA

Presupuestos para 2011

Durante el corriente mes estará en plena discusión la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El presupuesto es el documento que recoge la política económica que el Estado piensa desarrollar en el próximo año. La política presupuestaria debe tomar como base la situación económica del país que se prevé para el año 2011, y los objetivos que se quieren conseguir y la influencia que el entorno económico mundial puede tener sobre nuestro país. Acepto el riesgo que supone decir con este condicionante cual debería ser la política presupuestaria para 2011.

La crisis financiera que en el año 2007 se había iniciado en EE UU no existía para el Gobierno de España, y lo mismo sucedió con la crisis de la vivienda, cuyos primeros síntomas se iniciaron también en 2007. El Gobierno que en un principio la ignoró, después se equivocó en su diagnóstico, considerándola una crisis de demanda y el déficit alcanzó a finales de 2009 el 11,2% del PIB. En el marco del XV Encuentro del sector financiero, el gobernador del Banco de España manifestó que "es más importante que nunca que las políticas económicas estén sólidamente orientadas en un doble sentido: por un lado salvaguardar la estabilidad macroeconómica, y por tanto, impulsar la adopción de medidas y reformas de carácter estructural en los mercados de productos y factores que mejoren el grado de competencia en el entorno en el que los agentes adoptan sus decisiones, la movilidad de los factores de producción y la flexibilidad de los mecanismos de fijación de precios y salarios".

Para el presupuesto 2011 deberá continuar la política de estabilidad presupuestaria, que por otro lado ha sido impuesta por la Comisión Europea, que ha acordado que nuestro déficit público no debe sobrepasar el 3% del PIB al finalizar 2013. A tal efecto el ajuste presupuestario debería situar a juicio del Fondo Monetario Internacional, el déficit en 2010 en el 9,3% del PIB para reducirlo en 2011 al 6% del PIB. Quedaría así el bienio 2012-13 para reducir en 3 puntos de PIB el déficit público y haciendo que este no rebase en 2013 el 3% del PIB, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de la Unión Monetaria.

Sin embargo, esta senda de reducción del déficit, que parece tener coherencia, puede venirse abajo en razón de las consecuencias que pueden derivarse de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 que autoriza al Gobierno trasladar gastos del presupuesto de 2009 al de 2010, vulnerando el principio de temporalidad presupuestaria. Dicho artículo dispone que "en vigencia exclusiva para el año 2010 podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico para las que se anulara el crédito en el ejercicio de procedencia, sin que sea de aplicación el procedimiento de imputación establecido en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria". De esta manera se trasladaba el déficit de 2009 a 2010, dado el elevado déficit previsto para 2009, hecho que está en contra de lo establecido por la Comisión Europea en el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales (Eurostat 1995).

Para corregir la pérdida de estabilidad presupuestaria que va a continuar en 2011, ya que el déficit seguirá, aunque se reducirá cumpliendo lo ordenado por la Comisión Europea. Las directrices para llevar a cabo el ajuste presupuestario se dictarán por el Ministro de Economía y Hacienda, haciendo constar las partidas presupuestarias que previamente deberán ser objeto de reducción. Previamente sería necesario conocer la situación real del déficit en que se encuentra la Administración central y la Seguridad Social a 30 de agosto; la estimación a 30 de septiembre y la previsión a 31 de diciembre del corriente año. Se acercan para España horas muy difíciles, para recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, ha dicho que los precios y salarios en España necesitan una deflación relativa del 15%. ¿Qué haría España si no estuviera en el euro? Devaluar. Como esto no es posible, hay que efectuar un ajuste muy duro con medidas equivalentes en resultados.

En la situación económica que tenemos, con cuatro millones de parados y rozando de nuevo la recesión, los funcionarios públicos, que gozan además estabilidad en el empleo, deben someterse a una congelación en el presupuesto de 2011 de sus retribuciones. Las vacantes existentes en las plantillas de cualquier clase de personal se darán de baja, pues el de personal ha sobrepasado los tres millones; igual medida se adoptará con las vacantes que por jubilaciones o cualquier otra causa se vayan produciendo, y se reducirá la plantilla de asesores, de personal contratado laboral, etc. en un 10% en 2011. Las contribuciones complementarias tanto de los funcionarios como del resto del personal y de los altos cargos serán objeto de reducción del 10% en 2011.

En cuanto a los gastos de funcionamiento de los servicios (Capítulo 2 del presupuesto) se reducirán los créditos en el 10% de sus importes en 2011. Sin explicaciones ni justificación alguna, los gastos de este capítulo no han sido objeto de reducción en este año: incluyen los gastos suntuarios, de protocolo, reservados, de coches oficiales, de parques móviles.

Los gastos de los Capítulos 4 (transferencias corrientes y 7 (transferencias de capital) se someterán a un exhaustivo análisis para dar de baja los que no se consideran de absoluta necesidad; hay aquí un amplio campo para efectuar un fuerte recorte del gasto público. En el Capítulo 6, inversiones reales, se darán de baja las que no estén directamente ligadas con el crecimiento del PIB, que al menos debe suponer una reducción del 10% en 2011.

Por tanto, las Administraciones públicas deben ser sometidas a una profunda reforma para que sea más eficiente: una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción pública son los pilares sobre los que ha de asentarse la Administración. Deben suprimirse los ministerios de Cultura, Vivienda y de Igualdad.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM