Valencia llevará a los tribunales la autorización de deuda para sólo una parte de municipios
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer que denunciará ante los tribunales la Ley de Presupuestos del Estado de 2011 si incluye la modificación hecha pública por el Gobierno por la que permitirá endeudarse en 2011 sólo a los ayuntamientos cuya deuda no supere el 75% de su gasto corriente. "Estoy dispuesta a emprender medidas legales y recurrir donde haga falta para defender el fuero municipal y el derecho de los valencianos a ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos", dijo. En su opinión, un primer estudio jurídico revela que el anuncio del Gobierno del pasado miércoles "atenta y vulnera" varios principios de la Constitución, entre ellos, "la suficiencia financiera y la igualdad ante la ley porque pretende discriminar de forma arbitraria a algunos ayuntamientos respecto a otros". Barberá recriminó al Gobierno que con esta medida "desprestigia feudos del PP" como Valencia y Madrid y "hace llegar recursos a dos ciudades importantes gobernadas por PSOE, Sevilla y Barcelona, en una maniobra puramente electoral".
Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró ayer también severo contra el Gobierno, al que acusó de haber incumplido una de sus promesas electorales: la reforma del sistema de financiación local.
El primer edil madrileño tachó la iniciativa del Ejecutivo de "cortina de humo" para "distraer la atención del problema de verdad", que es la deuda de las comunidades autónomas y del Estado, que suponen el 95% del total. "A mí me sorprende que cuando la deuda de las corporaciones locales en España alcanza el 5% de la deuda de todas las Administraciones públicas, sea noticia eso mientras el 95% restante, que corresponde fundamentalmente al Estado y también a las comunidades autónomas, no genere ese debate informativo", reprochó.
Gallardón reclamó la apertura de una línea ICO para que los ayuntamientos puedan hacer frente al pago de sus compromisos con sus proveedores, tal y como aprobó el Congreso hace sólo mes y medio.