La formación no es un castigo

No se entiende bien que haya desempleados que se nieguen a mejorar su formación o que desprecien un empleo cuando uno de cada cinco trabajadores en España está en el paro. Sin embargo, los hay, y el Gobierno amenaza con arrebatarles la prestación si rechazan una cosa u otra. Hará bien. Los sindicatos, en una interpretación sesgada, acusan al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de criminalizar por ello a los parados. Pero la mayoría de los inscritos en el Servicio Público de Empleo aceptan los empleos y asisten a los cursos, y lo hacen porque su pretensión es vivir del salario por su trabajo, no de un subsidio. Hay una minoría que debe comprender que la prestación no funciona como un seguro, sino como una ayuda hasta encontrar empleo.

Agentes sociales, Gobierno y comunidades autónomas -las responsables de las políticas activas de empleo- han de centrarse más en cómo colocar a la mayoría que en cómo sancionar a esa minoría. Mejor sería desarrollar un plan de formación adecuado a las necesidades actuales y futuras del mercado, porque la realidad es que muchos de los cursos que se ofertan a los parados son un mero trámite sin objetivos eficaces. No se trata de ayudar a los parados a pasar el tiempo, sino de ayudarlos a que encuentren nueva ocupación cuanto antes.