Examen a la gestión laboral

El 'milagro extremeño' de la intermediación

Extremadura es la única región donde el Inem supera a las ETT.

Hay un país llamado España que ronda los cuatro millones de parados. Pese a que cuenta con un Servicio Público de Empleo (SPEE), sus oficinas, repartidas por todas las comunidades autónomas, apenas intermedian en el 3% de las contrataciones. ¿En todas? No, en todas no. En una región llamada Extremadura las oficinas del Inem median en el 12% de las colocaciones. ¿Revela esta estadística un milagro extremeño de eficiencia? No. Se trata de una débil excepción que evidencia las carencias del sistema público general. Las empresas no confían en él por lo que, al no comunicarle sus ofertas, alimentan esta espiral de ineficacia.

Los datos son reveladores. Las oficinas del antiguo Inem sólo publicaron 328.999 ofertas de empleo entre enero y julio, un periodo que se saldó con más de 8,1 millones de contrataciones. Es decir, que las empresas sólo dieron parte al Inem del 4% de ofertas para cubrir.

Los cálculos del servicio de estudios de Agett, la patronal de las empresas de trabajo temporal, muestran que Extremadura es la comunidad autónoma que rompe las estadísticas, con una intermediación del 12%. La diferencia la marca precisamente la proactividad de las empresas en esta región, una actitud que comienza en la administración pública.

"Las 41 oficinas que hay repartidas por toda la región publican todas las ofertas de ayuntamientos y entidades locales", explica el director general del SPEE extremeño, Rafael Pacheco.

Estas entidades coordinan, además, gran parte del empleo agrario, una importante rama de actividad de esta comunidad autónoma.

Por eso, en los tres primeros meses del año el Inem de Extremadura publicó 16.291 ofertas de empleo. Una cifra muy por encima de la media, sólo superada por una comunidad mucho mayor, Andalucía (32.179 ofertas), que también cuenta con un amplio escaparate del empleo que demanda el campo.

El hecho de que regiones con un mercado laboral mucho más vivo, como es el caso de Madrid (6.806) o Cataluña (13.320), no presenten tanto movimiento da fe de las carencias del sistema. Y, sobre todo, de la poca confianza que tienen los empresarios en los servicios públicos de empleo a la hora de buscar trabajadores para las vacantes que surgen en sus plantillas.

Tampoco por parte de los desempleados se suele recurrir a los servicios públicos como primera opción para encontrar trabajo, ya que según diversos estudios los españoles siguen acudiendo a familiares y amigos a la hora de buscar empleo. Sólo después utilizan otros cauces como portales de internet, ETT, oficinas públicas de empleo o envíos directos de currículos a las empresas.

El futuro que viene para las políticas activas

Pese a que todos estos datos que reflejan el escaso papel de los servicios públicos de empleo en la intermediación del mercado laboral español son de ámbito público, la reciente reforma laboral ha obviado cambios en este sistema. Tampoco el Ejecutivo lo abordó cuando elaboró su decreto ley en solitario, ni los grupos políticos incluyeron ninguna modificación seria del sistema en sus enmiendas.

Sólo una de CiU sugería cambios en las políticas activas de empleo (que incluyen la intermediación entre oferta y demanda y la formación de parados y trabajadores para adecuarlos a las necesidades del mercado de trabajo). Pues bien, a partir de esta enmienda, los socialistas han presentado otra sobre el mismo asunto en la Cámara Alta que es la que usará el PSOE para acometer las reformas que estima necesarias en la gestión de estas políticas. Según admitió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el viernes pasado tras el Consejo de Ministros, la intención del Gobierno es dar más peso a las políticas activas para lo que reforzarán la retirada de la prestación a aquellos parados que se nieguen a formarse.

"En el caso de que (el parado) no cumpla los requisitos, es decir que no acepte un curso de formación, no quiera participar en itinerarios laborales o rechace ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser objeto de la retirada de la prestación", dijo Corbacho. Esto ya ocurre según la ley vigente, de lo que se deduce que pretenden mejorar el cumplimiento de la norma o su endurecimiento. Sin embargo, hasta la fecha, los cambios no van a afectar al terreno de la gestión entre ofertas y demandas, más allá de abrir a las ETT la posibilidad de intermediar en la Administración y la construcción en un futuro.