Dificultades para cuadrar el déficit fiscal
El secretario de Estado de Economía admitió la semana pasada que el Gobierno está dispuesto a ejecutar nuevos reajustes presupuestarios, sea en los ingresos o en los gastos, si fueren necesarios para cuadrar los objetivos fiscales comprometidos con los socios comunitarios. Más allá de la lealtad con los compromisos adquiridos, la declaración de José Manuel Campa esconde el temor a que la evolución de las cuentas públicas en los próximos meses sea menos positiva de lo estimado, como el gobernador del Banco de España ya ha advertido también, sabiendo que los avances de la actividad hasta fin de año y en 2011 pueden ser demasiado modestos.
En los últimos doce meses contabilizados, el Estado no ha logrado poner bajo control ninguna de sus partidas de gasto, salvo la de inversión, y las de ingresos sólo han recuperado la velocidad prevista en el segundo trimestre por la aceleración de la actividad económica. Con ello, la reducción del déficit del Estado está seriamente comprometida, como lo está la de las comunidades y los ayuntamientos. Sólo si los ingresos mantuvieren el ritmo de avance del segundo trimestre, sobre todo el IVA tras la subida de julio, y si la Administración es muy estricta en la aplicación del recorte del gasto, podrá cumplir su parte del compromiso.
El problema es, una vez más, el correspondiente a las regiones y los municipios. Las regiones ya arrastran una deuda generada en los dos últimos ejercicios con el Estado de más de 25.000 millones de euros, que deben devolver a lo largo de cinco años, por recursos recibidos por su participación en unos ingresos tributarios que no se cumplieron por el desplome de la recaudación fiscal. Pero además, tienen un escasísimo margen para recortar sus gastos con la argumentación de que sus grandes partidas de gasto son las prestaciones sociales subjetivas universales, de obligado cumplimiento: sanidad, educación, servicios sociales, etc. En el caso de los ayuntamientos, que también adeudan casi 6.000 millones de euros al Estado por pagos a cuenta por tributos estimados que no se recaudaron, el problema es parecido: no hay margen de recorte y los servicios son de obligado cumplimiento. El propio ministro de Fomento lo ha recordado el fin de semana: si se quiere mantener el nivel de servicios, hay que replantearse los niveles impositivos.
Ante esta situación, la cirugía, si fuere de nuevo necesaria, sería cuestión del bisturí del Gobierno central, aunque su capacidad de maniobra se está agotando matemáticamente tras la transferencia de las grandes partidas de gasto. Sólo el crecimiento económico, que genera nuevas bases imponibles e ingresos, puede evitar nuevos recortes. Pero si fuesen necesarios, el Gobierno debe aplicarlos, preferiblemente contra los gastos que contra los ingresos, pues es la mejor forma de garantizar que el presupuesto público está bajo control y que no cercena el crecimiento de la economía.