TRIBUNA

Repensar competencias y servicios públicos

Sabemos que toda crisis tiene sus oportunidades. La actual necesidad de financiación de los servicios públicos está haciendo revisar por parte de los directivos públicos y representantes políticos no sólo el tipo de servicios a prestar en el futuro, sino también la elección de cuál debe ser la Administración responsable a partir de ahora de prestar dichos servicios.

Estamos hablando de aquellos servicios públicos muy demandados por la ciudadanía, más todavía en época de crisis económica, en materia de empleo, de protección civil y seguridad ciudadana, sanidad y servicios sociales, vivienda, educación, cultura y deporte donde se producen duplicidades, sobrecoste para el ciudadano y notorios y evidentes conflictos por descoordinación entre los diferentes niveles administrativos.

Hoy y en nuestro país, nos enfrentamos ante un reto que contiene en sí una doble oportunidad que es política y además económica. La política consiste en concretar las competencias locales mediante un gran pacto institucional de larga duración. Es generalmente aceptado que ni la Constitución, ni la ley Básica del Régimen Local establecen claramente el marco competencial de las entidades locales, por lo que para facilitar el acuerdo es necesario catalogar las competencias y los servicios que ha de prestar cada nivel administrativo. También debe establecerse un proceso y una regulación del traslado competencial , lo que ya se ha hecho en la Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León y el Gobierno de Baleares.

Con respecto a la oportunidad económica, este es el momento para determinar y fijar nuevas fuentes de financiación de las Corporaciones Locales y entre ellas la posible participación de los entes locales en los recursos de la hacienda autonómica.

Asimismo, la Hacienda autonómica debe decidir a qué entidades locales va a transferir los fondos. Ha llegado el momento de la simplificación administrativa en lo que se refiere a la fusión de los servicios prestados por las Diputaciones con aquellos municipios con los que convive en el territorio. Menos decisores gastando implica un mayor ahorro de recursos y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

El sistema de financiación local es una pieza clave de la sostenibilidad del sector público español. Si las entidades locales hubieran contado con un sistema suficiente de financiación del gasto no obligatorio, sus inversiones se podrían haber financiado con ahorro corriente. Aunque también es verdad que si las entidades locales no hubieran comenzado a realizar servicios para los que no tienen competencias, las inversiones se hubieran podido financiar con ingresos corrientes.

En ambos casos no habrían tenido que endeudarse, ni disponer de sus recursos urbanísticos para financiar las inversiones. El caso es que, en la actualidad y según los estudios realizados por el Ministerio de Economía la cuantía del presupuesto local dedicada a prestar servicios impropios o para los que no hay una clara competencia sobre el total de los servicios prestados esta cercana al 26,7% de los gastos de los municipios y ya en el año 2003, el Instituto de Estudios Fiscales lo cuantificó en unos 10.000 millones por año.

Para finalizar, desde KPMG pensamos que es necesario realizar un estudio objetivo e independiente de las competencias impropias de los Ayuntamientos. Lo que incluye el análisis de costes basado en actividades, la identificación de las partidas presupuestarias afectadas y el cálculo de las proyecciones del servicio en el escenario actual y en el medio plazo sobre el presupuesto en función de su financiación propia real.

A partir de dicho punto, deberán evaluarse las diferentes alternativas de gestión con respecto a los servicios impropios. Entre las que destacamos la puesta en valor del servicio y de sus activos, el traspaso de funciones, la obtención de financiación complementaria vía tasas (copago) o en algunos casos incluso discontinuar el servicio.

La oportunidad de reordenar competencias y servicios es histórica y esperemos estar a la altura de las circunstancias como país siguiendo la senda marcada por otros países de nuestro entorno más cercano.

José Luis Moreno. Socio de Sector Público del área de asesoramiento de Negocio y Tecnología de KPMG