La CNE discrepa de Competencia sobre los pactos de las eléctricas
La CNE ha emitido un informe sobre el expediente sancionador en el que la dirección de investigación de la CNC acusa a las cinco grandes eléctricas y Unesa de haber establecido acuerdos anticompetitivos. Aunque dice no tener objeciones "de fondo", las precisiones que el regulador energético hace en su dictamen suponen una discrepancia a dichas acusaciones.
El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó hace varias semanas un dictamen sobre el expediente sancionador abierto en junio de 2009 por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra las cinco grandes compañías eléctricas y su patronal, Unesa, por una posible infracción contra el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de la Unión Europea. El expediente dio incluso lugar a un registro domiciliario en la sede de Unesa.
Concretamente, el regulador energético dictaminó el pliego de concreción de hechos elaborado por los técnicos del organismo de la Competencia, un duro escrito, que adelantó CincoDías, en el que se determinan que Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC Energía y Eon España alcanzaron acuerdos de concertación contrarios a la libre competencia.
Según el pliego, los pactos perseguían, por un lado, obstaculizar a las comercializadoras independientes dificultando el cambio de suministrador y, por otro, estableciendo condiciones y de contratación. En el primer caso, la CNC alude a dos acuerdos de 2007 por los que las eléctricas decidieron no atender los requerimientos de Centrica para acceder a las bases de datos de los clientes (SIPS) e imponer condiciones para dicho acceso a las competidoras; también se alude a la rebelión de las eléctricas contra la normativa que impone el acceso incondicionado al SIPS, que dio lugar a un recurso de Unesa, así como al corte de operaciones pactado por las empresas en la segunda quincena de junio de 2009, justo antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de suministro de último recurso, que dejó a medio millón de pymes sin tarifa, lo que las obligaba a cambiar.
La CNE considera que en los dos primeros casos sí hubo "conductas anticompetitivas", pero no así en el hecho de que Unesa presentara un contencioso administrativo (pues es un derecho legítimo) ni en el corte de las operaciones de cambio de suministrador. El regulador considera que las empresas necesitaban adaptar sus sistemas informáticos, por lo que la decisión respondía a razones técnicas y no a un fin estratégico. De hecho, alude a otros casos en los que, puntualmente, y debido a cambios regulatorios, ha ocurrido lo mismo.
En cuanto a la coordinación para unificar una política comercial, Competencia acusa a las empresas de haberse coordinado en varias reuniones para elaborar un modelo de contrato tipo y de la factura mensual y para fijar un precio de suministro para la asociación de los grandes consumidores industriales (AEGE). También en estos casos, la CNE hace sus precisiones y expresa sus dudas de que el acuerdo sobre el contrato tipo y el pacto de precios para la industria sean prácticas anticompetitivas. En el primer caso, porque hacía referencia a contratos en el mercado a tarifa (precio regulado que no se puede modificar) y no en el libre.
La libertad de AEGE
En cuanto a las negociaciones con las empresas de AEGE, que suponen el 15% de toda la energía contratada, la CNE considera que se debe tener en cuenta que, hasta el 1 de julio de 2008, los grandes consumidores tenían aún una tarifa y que la mayoría se aprovisionaban en el mercado regulado.
Aunque en el informe no se menciona el hecho de que el propio Ministerio de Industria pidiera a las eléctricas contratos con la industria a precios razonables, para evitar que el paso al mercado libre les perjudicara, el regulador energético asegura que AEGE era libre de optar entre distintas ofertas. La propia Unesa, recuerda la CNE, pidió que la contratación bilateral con estos consumidores y sus términos debían hacerse extensivo a todas las generadoras, no sólo las de esta patronal.
"No nos conocen"
"Si alguien piensa que en Unesa somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, es que no nos conocen". Con esta frase, una fuente cercana a la patronal intentaba explicar recientemente que la división entre las empresas, especialmente Iberdrola, hace imposible acuerdos internos de tipo comercial.
Ninguna se atreve a alegar contra Industria
Las acusaciones de la dirección de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia contra Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Hidrocantábrico, Eon España y la propia Unesa son de suma gravedad, pues apuntan a una concertación entre ellas para impedir la libre competencia y pactar precios.Este último caso se refiere a los contratos de precios favorables que las eléctricas firmaron con las empresas de AEGE en el mercado libre. Sin embargo, las eléctricas acordaron estos contratos a petición del Ministerio de Industria dentro del proceso de negociación de Ley de Medidas Energéticas de julio de 2009, que derogó una norma anterior que perjudicaba a las empresas, pues les restaba los ingresos extras que recibían por los derechos gratuitos de CO2.Aunque la petición del Gobierno fue algo público y notorio, en general, las empresas no han querido utilizarla en su defensa en las alegaciones que han presentado ante la CNC. De determinarse que los precios ofrecidos a la gran industria, para compensar la desaparición total de la tarifa y su paso al mercado libre, fue por deseo del ministerio, fuentes jurídicas opinan que, en última instancia, se podrían llegar a considerar una ayuda de Estado y, en caso extremo, las empresas favorecidas se verían obligadas a devolver. Pero todo indica que en el proceso no se está teniendo en cuenta el papel del Gobierno.