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Tribuna
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Contabilidad sin lastres

La crisis económica que vivimos desde hace algo más de un par de años y sus efectos en las economías de los países integrantes de la Unión Europea ha aflorado de nuevo un debate que viene acompañando al proceso de construcción europea desde sus inicios como la sombra a un árbol. Se trata de verdaderas puyas dialécticas entre quienes piden más Europa como solución a la crisis actual y también como vacuna contra las venideras, en oposición a aquellos que reivindican un mayor protagonismo de los Estados, cuya paulatina pérdida de competencias en determinados ámbitos como consecuencia de la integración europea habría -arguyen- limitado su capacidad de respuesta política y económica.

Esta visión contrapuesta se manifiesta en muchos ámbitos, también en el de la contabilidad. Con la discreción necesaria, aunque también implicando a todas las partes interesadas, y aunando el exigible rigor con la voluntad manifiesta de eliminar algo que muchos consideran una anomalía, la UE se enfrenta a una encrucijada importante: la reforma del Derecho contable para las pymes. Nada menos.

En síntesis, la Comisión Europea está valorando la aplicación en las pymes de los países miembros de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS para las pequeñas y medianas empresas, un estándar contable publicado en verano de 2009.

Ante la trascendencia que representa una modificación de este calado, la Comisión ha realizado una consulta pública, durante cuatro meses, con el objetivo de escuchar a todas las partes implicadas, desde organismos públicos a empresas, pasando por profesionales del sector de la auditoría y organismos nacionales de contabilidad.

De las más de 200 respuestas recibidas de todos ellos se desprende lo que decíamos más arriba. Hay tantos intereses confrontados y tantas realidades políticas, económicas y jurídicas en liza en los países miembros de la UE que cualquier proyecto de modificación legislativa, para que llegue a buen puerto, debe vencer múltiples susceptibilidades nacionales.

Ello tiene su reflejo en la polarización de las opiniones sobre dicho proyecto recibidas por la Comisión Europea en cuestiones como las ventajas o los inconvenientes de que las pymes adopten las IFRS, los costes que pueden suponer para aquellas en función de su tamaño y tipología y si la aplicación del estándar contable debe ser obligatoria o potestativa en cada uno de los países miembros.

Hay algo fundamental a tener en cuenta. Si ponemos palos en las ruedas a la internacionalización de las pymes, algo a lo que sin duda contribuye la actual multiplicidad de normas contables y la consecuente falta de comparación de los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas, estaremos lastrando nuestro potencial de crecimiento. Y ello es válido tanto para España como para el conjunto de la UE.

Desde este punto de vista, la aprobación de un nuevo Derecho contable y su posterior aplicación en todos los países miembros deja de ser una opción para convertirse en un imperativo.

José M.ª Bové. Socio de Bové Montero y Asociados y miembro del Efrag SME Working Group

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