La obra civil, en caída libre
En los comienzos de 2009 la Comisión Europea decidió iniciar el procedimiento de déficit excesivo contra España al haber sobrepasado en 2008 el límite del 3%, estimando que el exceso no podía ser considerado excepcional ni transitorio, y dado que el déficit seguiría ampliándose en el transcurso de 2009. El pronóstico se cumplió pues el déficit alcanzó, al finalizar 2009, el 11,2% del PIB.
El Gobierno presentó un Plan de austeridad en el que globalmente se estableció la reducción del déficit que hay que efectuar cada año. La política de la falta de transparencia sobre las partidas presupuestarias afectadas por la reducción del déficit en 2010 y en el trienio siguiente y la cuantificación de las bajas en cada una de ellas, ha restado credibilidad al Gobierno ante los mercados financieros, provocando que el diferencial del bono español a 10 años frente al alemán haya sobrepasado los 200 puntos básicos.
El recorte de gastos efectuado por el Gobierno no ha afectado al Capítulo 2o Gastos Corrientes en bienes y servicios de los Presupuestos Generales del Estado consolidados, cuyo importe asciende a 8.542,11 millones de euros. Este capítulo comprende todos los gastos de funcionamiento de los servicios y representa el 25% de los gastos de personal. ¿Qué razones han existido para dejarlos excluidos del recorte presupuestario cuando incluye todos los gastos de los coches oficiales de los Parques Móviles de todos los Entes Públicos de la Administración del Estado, gastos de viaje, indemnizaciones por razón del servicio prestado, publicaciones, compras, etc. que precisamente en época de crisis deben ser objeto de restricción presupuestaria?
La organización que la Administración Pública debería adoptar para producir los servicios colectivos tendría que ser análoga a la del sector empresarial productor de bienes y servicios privados, introduciendo en la medida de lo posible criterios de mercado. La crisis será otra ocasión perdida para introducir la colaboración público-privada en la gestión de una gran parte de servicios públicos con ganancia de eficiencia y productividad, reduciendo sus costes de producción y eliminación de parte del déficit público. Cuantos ensayos se han hecho en este sentido en el extranjero, los costes han disminuido en el entorno del 20%. Cuando en España la producción de servicios colectivos supera el 16% del PIB y el 15% de la población ocupada, con mucho la empresa más grande del país, parece inconcebible que la actividad productiva de las Administraciones Públicas no se organice con sentido empresarial en lugar del burocrático que es el imperante.
En mi artículo Ajuste presupuestario, ya publicado en este diario el 19 de febrero de este año destacamos que "Los gastos de los Capítulos 4o Transferencias corrientes y 7o Transferencias de Capital se someterían a un exhaustivo análisis para dar de baja las que no se consideren de absoluta necesidad. Hay aquí un amplio campo para efectuar un fuerte recorte del gasto público". Sin embargo, parece ser que tal recorte no fue demasiado extenso, ya que con bastante frecuencia aparecen en el BOE la concesión de subvenciones cuyas finalidades no justifican en momentos de crisis su otorgamiento.
En cuanto a las inversiones reales (Capítulo 6o) decíamos en el citado artículo que se darían de baja las que no estuviesen directamente ligadas con el crecimiento del PIB. Pues bien a finales de mayo de este año el Gobierno ha recortado las inversiones en construcciones de obra pública del Ministerio de Fomento por un importe de 6.000 millones de euros a distribuirlo por mitad entre los años 2010 y 2011, lo que llevará aparejado la paralización de las obras y rescisión de contratos con las consiguientes indemnizaciones.
El gasto en infraestructuras tiene una gran influencia en la productividad. Aschauer en 1989 partiendo de una función de producción Cobb Douglas obtuvo elasticidades del producto respecto de las infraestructuras del orden de 0,39 para Estados Unidos. Para España Mas y Maudos (2004) evalúan la elasticidad del output respecto al capital público en infraestructuras en 0,137 que se sitúa dentro de los intervalos de elasticidades obtenidas en la mayor parte de los estudios sobre España. No tiene por tanto justificación la medida del recorte del gasto en construcción de obra pública para reducir el déficit público; que es imprescindible rebajarlo, pero no reduciendo infraestructuras.
Antes de eso hay que suprimir los Ministerios de Cultura, Igualdad y Vivienda, reducir fuertemente el uso de coches oficiales y eliminar prácticamente las plantillas de personal contratado y de asesores, dando de baja además las vacantes de funcionarios que se vayan jubilando.
Si no se adoptan muy serias medidas en cuanto al recorte del gasto, no conseguiremos que el déficit baje del 3% en 2013, lo que nos puede acarrear como mínimo una sanción de la Comisión Europea y una pérdida de la confianza de los mercados financieros en el Gobierno de España, con dificultades para obtener financiación del exterior, lo que puede dar lugar a un colapso de nuestra economía.
José Barea Tejeiro. Catedrático emérito UAM