El recorte de primas fotovoltaicas afectaría a 4.000 futuras plantas
La rebaja entre un 35% y un 5% de las instalaciones fotovoltaicas apenas tendrá consecuencias en el déficit de la tarifa eléctrica. Los recortes afectarán a las plantas futuras para las que existen cupos reducidos de 400 MW al año hasta 2020, o un total de 4.000 instalaciones. Este número, que podría ser menor por el desincentivo que supone el propio recorte, es sólo un 13% de las que están funcionando.
El recorte de las primas fotovoltaicas para las futuras instalaciones que el Ministerio de Industria anunció el pasado domingo, afectaría a un máximo de 4.038 plantas que son las que pueden construirse de aquí a finales de 2020, según el cupo legal que el Gobierno estableció a finales de 2008. Aunque el número de plantas, a razón de 400 MW por año, pueda resultar elevado, es sólo un 13% de las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años, si bien con una potencia media mucho mayor que éstas.
El recorte de los incentivos afectará mayormente a las plantas de suelo, un 35% para el cupo de 133 MW anuales previstos hasta 2020 (salvo este año que serán 193 MW); un 25% para las ubicadas en tejados, de las que hay 240MW previstos cada año y un 5%para las casi testimoniales de pequeños tejados, que están limitadas a 26,70 MW anuales. En el ministerio dicen que no es posible hacer el cálculo del recorte de costes que supondría esta medida en la tarifa de acceso, pues afectará a instalaciones que se pondrán enmarcha en el futuro.
La rebaja, según la propuesta de real decreto que el ministerio ha remitido Sobre un total de 51.000 instalaciones, la medida no se notará en la tarifa eléctrica El recorte de primas fotovoltaicas afectaría a 4.000 futuras plantas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se comenzaría a aplicar a la potencia que Industria adjudique en la convocatoria del cuarto trimestre de este año. Fuentes próximas al Gobierno aseguran que el departamento que dirige Miguel Sebastián quiere que la nueva regulación entre en vigor a mediados de octubre. De momento, el regulador energético ha remitido el texto legal (y el de otras tres normas de carácter más técnico) a los miembros de su consejo consultivo de la electricidad, que enviarán sus alegaciones por escrito antes del 1 de septiembre.
Las posiciones de este órgano, en el que participan las empresas eléctricas, las organizaciones de consumidores y las comunidades autónomas, serán tenidas en cuenta por el consejo de la CNE en su informe. La norma también deberá ser dictaminada por el Consejo de Estado.
Freno a las inversiones
El recorte de primas (en el caso de las plantas de suelo pasan de 273,18 euros MWha 140 euros MWh) no tendrá apenas efecto sobre el déficit de la tarifa eléctrica que, según la ley de medidas energéticas de 2009, debe desaparecer mediante el reconocimiento de todos los costes, a partir del 1 de enero de 2013. Hasta entonces, aunque el porcentaje de rebaja de los incentivos resulte importante, sólo se aplicaría a los 400MW que, según el cupo, entrarían en funcionamiento por año.
Pero tampoco se descarta que muchos de estos proyectos se queden por el camino, ya que la nueva regulación desincentivará las inversiones, que ya no encuentran la financiación fácil de hace dos o tres años y que provocó un proceso especulativo. De hecho, fuentes del sector consideran que esta regulación es la puntilla para las inversiones.
Además, aunque reciban la autorización para los proyectos, éstos ya no podrán ser objeto de especulación, pues en el real decreto se establece un control administrativo para la reventa de proyectos con derecho a tarifa. Así, en los cuatro años siguientes a su adquisición, la transmisión de las instalaciones de más de 50 MW "estarán sujetas a autorización administrativa previa de la dirección general de la Energía", según el texto.
Dudas sobre las instalaciones en funcionamiento
La gran duda que suscita el paquete de medidas enviado por el Ministerio de Industria a la CNE es qué ocurrirá con la nueva retribución de las plantas solares fotovoltaicas en marcha, que ha sido el principal escollo para un acuerdo entre el ministerio y las asociaciones fotovoltaicas, que han estado largo tiempo negociando.En el ministerio, tal como recoge Efe, aseguran que siguen "en negociaciones con el sector para ajustar de una forma más razonable la retribución" para las instalaciones en funcionamiento. El sector confía en que las negociaciones se reanuden en septiembre.En la última reunión mantenida el jueves 29 entre ambas partes, las medidas para las instalaciones acogidas a la anterior normativa, el Real Decreto 661/2007, constituyeron de nuevo el principal punto de discordia entre las partes y parecía que la falta de acuerdo retrasaría la aprobación de la regulación hasta después del verano. Aun así, el decreto de lucha contra el fraude fotovoltaico se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros y a la CNE han llegado las propuestas de que se limite el cobro de primas a los primeros 25 años de funcionamiento y cuestiones sobre la repotenciación de las instalaciones, entre otras cuestiones relativas a las futuras plantas.Después de ocho meses de negociaciones, el paquete legal no incluye la espinosa cuestión del recorte de las primas a las plantas solares en marcha. El sector considera que cualquier cambio en este régimen implica una retroactividad no permitida por la ley, mientras que el ministerio parece optar por una rebaja mediante la limitación de las horas de funcionamiento de las plantas solares, como sistema para reducir los costes.