Varias comunidades piden a Salgado aplazar el pago de su deuda con el Estado
Varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Extremadura, Castilla y León y Murcia, pedirán hoy a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aplazar más allá de los cinco años fijados el pago de la liquidación negativa de los anticipos a cuenta recibidos durante 2008 y 2009 del Estado.
Aunque el asunto no figura en el orden del día, esta petición, que cuenta con el apoyo de otras muchas comunidades, será uno de los temas centrales del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha comenzado a las seis de la tarde en el Ministerio de Economía.
En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la reunión, la consejera de Hacienda de Galicia, Marta Fernández Currás, ha indicado que es necesario afrontar el tema de las liquidaciones si se quiere seguir hablando de una "senda de consolidación para los próximos ejercicios", porque suponen unas devoluciones extraordinarias para las comunidades en unos momentos en los que el nivel de ingresos ha decrecido notablemente.
Currás se ha mostrado optimista y ha recordado que Andalucía se sumó en su momento a su propuesta, que apoyan otras comunidades como Extremadura o Murcia, y ha dejado claro que la petición no es una "postura oficial" acordada por las regiones gobernadas por el PP.
Desde Murcia, su consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha señalado que pedirá que se dilate el plazo de devolución y que se inicie el pago una vez que se haya solventado la crisis y ha subrayado que esta situación se ha generado por la "irresponsabilidad" del Gobierno, que "negó" la crisis en 2008 e hizo las "cuentas mal".
La mala gestión del Ejecutivo, ha añadido, ha llevado a que muchas comunidades tengan que devolver una cantidad importante, que en el caso de Murcia alcanza los 160,5 millones de euros, mientras que en Galicia llega a los 500 millones.
El consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, ha señalado que su comunidad va a apoyar la propuesta de Galicia de "ganar oxígeno financiero", aunque ha indicado que hay un obstáculo legal ya que es un procedimiento establecido en la Ley de Financiación Autonómica.
El consejero de Economía y vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, se ha mostrado también de acuerdo con la propuesta hecha por Galicia y Extremadura y ha asegurado que apoyará esta opción si el Gobierno les permite debatirla y votarla durante la reunión.
Tras insistir en que "es correcto ese periodo de diez años para las devoluciones", Camps ha atribuido, al igual que la consejera de Murcia, a la "mala previsión del Gobierno" la necesidad de solicitar el fraccionamiento del pago de la liquidación negativa de los anticipos a cuenta.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha dicho que entiende y comprende la posición de aquellas comunidades que han pedido el aplazamiento y ha asegurado que su Gobierno "ni se opondrá ni será un obstáculo" para que esto se lleve adelante, si así se acuerda.
Desde Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado este aplazamiento "neutro", porque no afecta "para nada" al objetivo de estabilidad y, por ello, ha considerado que se trata de una "reivindicación asumible" por la Administración central.
En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, quien ha asegurado que su comunidad apoyaría el aplazamiento del pago de la deuda, pero ha advertido de que habría que modificar el texto legal donde se establece el calendario de pago, fijado en anteriores consejos.
También el consejero de Economía y Hacienda de Aragón, Alberto Larraz, ha dicho que a las comunidades autónomas "no les va mal" un aplazamiento de la devolución de los anticipos a cuenta, aunque ha reconocido que "otra cosa será la posición que adopte el Estado".
La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha recordado que su comunidad ya pidió en su momento "un año de carencia y sesenta meses para devolver las liquidaciones negativas y esa petición fue aceptada por el Gobierno", por lo que ha comentado que está de acuerdo con el "planteamiento que hay" y no reconoce "ninguna otra propuesta, en este momento".