La eficiencia obligada en la función pública
Todos los países occidentales han hinchado más allá de lo debido las facturas del gasto público en los dos últimos años para hacer frente a los estragos de la crisis económica. Unos para reactivar la economía, otros para sanear sistemas financieros semiquebrados y los terceros para reparar a las víctimas sociales de la recesión. Pocos han esquivado déficits fiscales de dos dígitos medidos sobre sus respectivos PIB, y pocos están libres de llevar sus deudas públicas cerca del 80% de su producción en los próximos años. Pero el mercado financiero, ni más ni menos que quien pone a disposición de los Gobiernos el dinero para sostener tales prácticas presupuestarias, ha recordado ya los riesgos de tal situación, poniendo precios crecientes a los países con más dificultades de repago, sea por la acumulación excesiva de carga financiera, sea por la expectativa roma de crecimiento para generar recursos con los que hacer frente a las facturas.
Por ello, Europa primero, y seguramente a renglón seguido EE UU, ha comenzado a recoger las redes del gasto sin haber recompuesto aún las de ingresos. España en concreto se ha comprometido a colocar su déficit fiscal en el 3% en 2013, desde el 11,2% de 2009. Para lograrlo y consolidarlo las Administraciones públicas tienen que cambiar sus hábitos de gestión, sobre todo en la administración de los servicios que prestan y en cómo los financian, acercándose lo más posible y lo antes posible a los criterios de la gestión privada, mucho más eficiente que la pública.
Varios expertos convocados por CincoDías para analizar tal reto de gestión en todos los niveles de la función pública coinciden en que no será fácil volver a los ingresos que las Administraciones han tenido en el pasado, lo que fuerza a prestar los mismos servicios con muchos menos recursos: un ejercicio fino de eficiencia, en definitiva.
Cuando han estado en el poder estatal, regional o local, los políticos han hecho siempre gala indisimulada de que gobernar es gastar; pero ha llegado el momento de practicar el aserto de que gobernar es ahorrar. El fuerte crecimiento de los últimos lustros, con efervescencia en actividades que generaban abultadas bases imponibles y recursos fiscales, como era el caso de la actividad inmobiliaria, ha condicionado también los gastos. Los gestores gastaban cuando ingresaban, generando servicios que ahora, cuando la pérdida de recursos se ha hecho estructural, no pueden sostener. Las fuertes entradas de dinero en las arcas municipales y autonómicas con la actividad residencial no volverán, y pasarán muchos años hasta que otro cuerno de la abundancia las sustituya. Por ello, la generación de servicios estructurales a la sombra abundante de ingresos coyunturales debe ser corregida con una redimensión de las prestaciones, así como con un ejercicio de eficiencia, que supondría prestar la mayor cantidad posible de servicios con la menor cantidad posible de recursos financieros, técnicos y humanos.
Aunque parezca un ejercicio complicado, la crisis puede servir precisamente para lograr el modelo de gestión pública del futuro, en el que se hayan redefinido las competencias de cada escalón administrativo y político previamente, tal como ahora demandan los ayuntamientos. El ejercicio de austeridad obligado debe combinar el nuevo catálogo de servicios con los recursos tecnológicos y la necesaria reducción de personal, aprovechando, ente otras cosas, que en los próximos cinco años prácticamente un millón de funcionarios causarán baja vegetativa en España. Todo ello con un rediseño de la gestión y la participación privada en servicios en los que la función pública únicamente debe vigilar y auditar la calidad, pero abandonando el monopolio ejercido hasta ahora o el régimen de competencia con la iniciativa privada que ha ejercicio en muchas actividades.
Pero el primer ejercicio que debe hacer la política económica y los gestores de la función pública es convertir su gestión en un activo de recuperación del crecimiento económico. Para ello, debe absorber sólo los recursos imprescindibles para no encarecer la financiación de los proyectos privados, y empleando la presión fiscal en la generación de los mejores equipamientos físicos y tecnológicos con el fin de multiplicar tanto la actividad como el empleo. Ambas variables devolverán con creces los recursos que ahora no pueden facilitar.