TRIBUNA

Acabemos con la piratería

España tiene el triste privilegio de ser uno de los primeros países del mundo en descargas ilegales. Diversos estudios, tanto de la Comisión Europea como de diversos organismos públicos de Estados Unidos, así lo avalan. Lo peor es que ni hasta ahora la Administración ni la justicia han hecho esfuerzos eficaces para poner freno y acabar con una lacra que deteriora de manera progresiva a la industria de contenidos digitales. La flagrante, sorprendente e inquietante ausencia de persecución contra la piratería en internet tiene, además, un importante efecto perverso, y es contribuir a que un importante segmento de la opinión pública considere que dicha actividad es lícita.

La opinión pública debe ser consciente de que la industria cultural tiene un importante papel en las distintas economías de nuestro entorno. En España alcanza el 5% del PIB y da trabajo a casi medio millón de personas. Son empresas que crean riqueza y producen importantes ingresos fiscales, a la vez que valor añadido para el conjunto del país. Es, por tanto, uno de los sectores estratégicos que deben ser tenidos en cuenta si queremos de verdad progresar y alcanzar una futura senda de crecimiento sostenible de verdad. Desproteger los derechos de propiedad intelectual del robo erosiona de manera continuada la competitividad de esta industria y tiene, a su vez, un significativo efecto en el empleo.

Las cifras son demoledoras y resumen el actual estado de situación. El valor total de los contenidos digitales pirateados en España ascendió a 5.121 millones de euros sólo en el segundo semestre de 2009, más de tres veces el valor del consumo legal, según el exhaustivo estudio elaborado por la consultora estadounidense IDC. Esta cifra superó los 10.000 millones en el conjunto del ejercicio. Un cálculo prudente nos indica que si España hubiera contado en ese momento con una normativa eficaz para frenar la piratería, las empresas del sector hubieran podido captar la mitad de esa cifra. Sin embargo, ni hay normativa ni, por tanto, las empresas tuvieron posibilidad alguna de tomar una parte siquiera mínima del valor total de lo pirateado. De esta forma, la Hacienda pública dejó de ingresar en concepto de IVA e impuesto de sociedades más de 1.400 millones de euros en 2009 por culpa de las descargas ilegales. Una sustanciosa cantidad, sobre todo si se tiene en cuenta que vivimos en un país con un grave problema de déficit público.

El Gobierno comienza a darse cuenta de la gravedad del problema e intenta, con exasperante lentitud, eso sí, evitar el progresivo deterioro de un sector que en cualquier país de nuestro entorno es básico para su identidad, su economía y su influencia internacional.

La inclusión por parte del Ejecutivo de la disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) marca un antes y un después en este largo camino. La futura norma nacerá sin incluir la persecución del intercambio de archivos a través del sistema P2P y de sus usuarios, centrándose sólo en las páginas web que ilícitamente ofrecen contenido protegido sin el permiso de sus autores. Se creará así un modelo de restablecimiento de la legalidad en internet exclusivamente español. Pero, como ya hemos apuntado, los continuos retrasos que sufre la aprobación de la mencionada normativa está provocando un progresivo incremento del deterioro sufrido por un sector clave en la generación de riqueza, de empleo y de valor intrínseco en un país como es España, inmerso en una grave crisis.

Es hora de frenar la piratería y aprobar sin mayores dilaciones una norma que establezca de manera eficaz un marco legal que acabe con la diaria, constante y masiva vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet. Una norma que, a la vez, consiga evitar el efecto económico tan negativo que dichas prácticas producen a creadores, a las empresas y al país en su conjunto, porque, no lo olvidemos: a menos ingresos por culpa de las descargas ilegales, menos ingresos también vía impuestos para la Hacienda pública.

Y es que la piratería sólo beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. Es por ello que, junto a una legislación urgente, firme y eficaz, es imprescindible y exigible que también las operadoras de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de enlaces contribuyan a frenar esta lacra. La receta es sencilla: autorregulación por una parte y freno a la financiación de páginas web ilegales mediante el pago de espacios publicitarios, por otra.

Es hora ya de que abandonemos las listas negras como país transgresor con los legítimos propietarios de los derechos de propiedad intelectual, y de actuar con firmeza para proteger los contenidos digitales del robo y de la copia ilícita. Es necesario apoyar a un sector estratégico y fundamental. Hagamos todos un esfuerzo para que el desarrollo de nuestro país se cimiente sobre bases firmes y sólidas.

Aldo Olcese. Presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos