El Gobierno reforma la ley de arbitraje para aliviar los tribunales
El Gobierno aprobó el viernes el proyecto que reforma la ley de arbitraje de 2003 con el objetivo de reducir el tiempo de resolución de conflictos y la carga de trabajo de los tribunales mercantiles y civiles. La nueva normativa otorgará mayor conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes. Con la reforma se pretende potenciar el uso del arbitraje y reforzar la posición internacional de España como corte de arbitraje, sobre todo con los países iberoamericanos.
Entre las principales modificaciones del proyecto de ley están la posibilidad del arbitraje para impugnaciones sociales y se reconoce el procedimiento arbitral estatutario para las sociedades de capital; se refuerza la responsabilidad de los árbitros y se incorporan las entidades públicas a los sistemas alternativos de solución de controversias. También se reconoce la vigencia del convenio arbitral en caso de concurso de acreedores, lo que excluye que el juez del concurso pueda anularlo en caso de perjuicio para los acreedores. Quedan fuera de este procedimiento "las cuestiones de naturaleza penal, responsabilidad contable y conflictos de atribuciones".
Desde la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade) mostraron su preocupación por "la exigencia de motivación de los laudos por suponer una injerencia innecesaria en la voluntad de las partes que pueden pactar". También critican la necesidad de acudir al Tribunal Superior de Justicia para el nombramiento Judicial de Árbitros, "que puede demorar este trámite".
Economía social
El Consejo de Ministros también aprobó la Ley de Economía Social, para unificar el marco jurídico de este sector integrado por cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades laborales o empresas de inserción, entre otras. También regula su representatividad.