Parlamento

El PP propone recortar 20.000 millones en el Presupuesto de 2011

El Gobierno se queda corto en la reducción de gasto improductivo. Bajo esta premisa, el principal partido de la oposición defendió este viernes en el Congreso un recorte de 20.000 millones de euros en los Presupuestos de 2011, medida que propone compatibilizar con una rebaja selectiva de impuestos.

Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría

El Gobierno ha fijado el límite de gasto para el año que viene en 150.056 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cálculo que ha hecho bajo una previsión de ingresos de 104.539 millones de euros. Para que la reducción de gasto improductivo sea efectiva y esté en sintonía con los objetivos de recorte del déficit que se han enviado a Bruselas, el PP considera que los Presupuestos de 2011 deberían incorporar una rebaja del gasto no financiero de, como mínimo, 20.000 millones, cifra que propone calcular en términos homogéneos con la previsión de cierre del ejercicio de este año.

El primer partido de la oposición defenderá el próximo martes otra propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación en la que, además, exige al Gobierno que haga unas previsiones macroeconómicas realistas, que eviten desajustes bruscos en la ejecución presupuestaria como los registrados en las cuentas del año pasado.

El PP ve compatible afrontar este recorte con una rebaja selectiva de impuestos que pasaría por la reducción de cinco puntos en Sociedades para pequeñas y medianas empresas y en el IRPF para el caso de los autónomos. El equipo que dirige Cristóbal Montoro propone, además, elevar el coeficiente de deducción en el Impuesto sobre Sociedades por pérdidas por insolvencias de clientes desde el 1% al 3% del saldo de deudores a final del ejercicio.

En el mismo paquete de medidas económicas presentadas este viernes por la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye también la ampliación de la condición de empresa de reducida dimensión, a efectos de la tributación en Sociedades, pasando de ocho a 12 millones de euros. El PP defiende a su vez establecer un procedimiento que permita compensar las deudas tributarias de pymes y autónomos con las deudas reconocidas pendientes de cobro procedentes de cualquiera de las tres administraciones públicas.

El martes, el Congreso debatirá también otras propuestas del PP destinadas a evitar que el recorte del presupuesto de infraestructuras sea efectuado por Fomento de manera arbitraria y sólo teniendo en cuenta los intereses de las comunidades gobernadas por el PSOE.

El PP exige que cualquier nuevo recorte en el gasto social no se haga sin el consenso de las comunidades autónomas y que se restituya el derecho a percibir 500 euros anuales por parte de las familias con hijos menores de tres años, una medida que se extinguió en el plan de ajuste que el Gobierno aprobó en mayo.

En la coronación del debate del estado de la nación, las pensiones volverán a ser uno de los temas estrella. Todos los grupos de la oposición recogen en sus propuestas que el Gobierno renuncie a congelar estas prestaciones como paso previo al diálogo previsto en el Pacto de Toledo.

Promesa para rescatar el Estatuto catalán original

Obligado por la presión del Partido Socialista de Cataluña (PSC), el Grupo Socialista propondrá el martes al Congreso que constate su "malestar" por la reciente sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y que inste al Ejecutivo a desarrollar "una fuerte acción política" para "preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno de los ciudadanos catalanes en el marco de la España plural".

El Gobierno se comprometerá al votar a favor de esta resolución a desarrollar "a través de todos los mecanismos políticos, jurídicos, legislativos y de cooperación institucional" el potencial de autogobierno contenido en el Estatuto. Por último, el Ejecutivo reitera en la propuesta defendida por el PSOE que "la realidad nacional catalana, tal y como se expresa en el preámbulo del Estatuto, tiene perfecta cabida en el marco jurídico y político definido por la Constitución de 1978".