CEOE aconseja al Gobierno privatizar empresas con déficit como las televisiones
CEOE remitió ayer al Gobierno central y a los regionales el documento de propuestas aprobado el miércoles por su junta directiva. En él, reclaman al Ejecutivo que reduzca el número de funcionarios, y apuesten por la gestión privada de servicios públicos y la privatización de entidades, como las televisiones. Los empresarios instan también a endurecer la normativa laboral y apoyan el plan de pensiones ideado por el Gobierno.
La patronal considera que en la lucha contra el déficit disparado, el recorrido de los recortes en las administraciones públicas no está aún agotado. Pese a que los funcionarios han sido los principales afectados por el plan de ajuste del Gobierno, que les ha impuesto una rebaja salarial media del 5%, CEOE recomienda al Ejecutivo que despida a los empleados públicos más ineficientes para ahorrar, tal y como adelantaba ayer este diario.
"Una propuesta óptima de reducción del gasto de personal público debería poner énfasis en la reducción del menos productivo", reza el documento que la junta directiva de CEOE aprobó el miércoles. æpermil;ste fue remitido ayer al Gobierno central y a los regionales, a los que los empresarios advierten que "el desbordamiento en la partida de gastos de personal ha sido más intenso en las comunidades autónomas y ayuntamientos". El texto, elaborado por la Comisión de Economía de CEOE, reivindica que se lleve a cabo una "reordenación de la Administración Pública", que impida que se den "cinco o seis niveles" diferentes "mal definidos y solapados" e invita a ligar los salarios a la consecución de objetivos.
La patronal insta también a "intensificar la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos", lo que no significa, matiza el texto, que dichas actividades se "privaticen", sino que "garantiza mayor calidad a un menor coste". Sin embargo, poco más adelante, el documento de CEOE defiende sin paliativos que "podrían ser privatizadas" las entidades públicas "fuertemente endeudadas, que generan elevados déficits", poniendo como ejemplo las televisiones públicas.
El dossier, titulado Políticas para recuperar la confianza en la economía española, asegura que "se hace imperativo tomar medidas de gran calado que restauren la credibilidad de la economía del país y de sus cuentas públicas. Entre éstas iniciativas necesarias, no obstante, no se encuentra ninguna correspondiente al capítulo de ingresos. De hecho, la patronal defiende que hay que "evitar subidas de impuestos, en especial aquellos" que inciden "sobre el ahorro".
"La patronal tiene una obsesión con el sector público que no tiene razón de ser", manifestó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras recibir el documento de CEOE. "No se trata de contraponer lo público con lo privado", argumentó a su salida del Congreso de los Diputados, informa Europa Press.
Apoyo a la reforma de pensiones
El texto sellado por la cúpula patronal, se refiere finalmente a las reformas estructurales pendientes. Entre ellas incluyen la del mercado laboral, en la que animan a endurecer la norma aprobado por el Gobierno. Reclaman, sin concretar más, que se debe actuar sobre la flexibilidad, la extinción de contratos y la contratación. También abogan por evitar la "creciente sindicalización de las pymes que podría suponer el decreto" vigente, que será enmendado ahora durante su tramitación parlamentaria.
Los empresarios sólo muestran su afinidad con las políticas del Ejecutivo al recomendar que se acometa de forma urgente una "reforma del sistema de pensiones, en la línea inicialmente propuesta por el Gobierno". æpermil;sta pasa por elevar la edad legal de jubilación a los 67 años y por aumentar el periodo de cálculo de la pensión más allá de 15 años.
La rebaja de salarios está ya en los tribunales
La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite los recursos presentados por CC OO y UGT contra el recorte salarial que el Gobierno ha aplicado a los empleados públicos. Así, mientras la patronal considera insuficiente el recorte aplicado por el Gobierno sobre la función pública y clama ahora por la reducción de dicha plantilla, las centrales sindicales esperan que los tribunales fallen a su favor. UGT y CC OO consideran ilegal que el Gobierno haya incumplido el pacto salarial firmado en septiembre, en el que se marcaba un alza salarial del 0,3% para imponer ahora una reducción media del 5%. Además, UGT ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.