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Ascensoristas hacia el cadalso

Más de un presidente de comunidad de vecinos o administrador de fincas debe sentir envidia estos días de la Comisión Europea. El organismo comunitario espera arrancar ¡siete millones de euros! a los fabricantes de los ascensores y escaleras automáticas (ThyssenKrupp, Otis, Schindler y Kone) instaladas en su sede.

El pleito arrancó en 2008 a raíz de una multa impuesta poco antes por la propia Comisión a las cuatro compañías por pactar sus precios durante nueve años. Y esta misma semana ha quedado visto para sentencia ante el Tribunal de Comercio de Bruselas.

Los abogados de la Comisión reclaman a los fabricantes daños y perjuicios porque su mastodóntico cliente tuvo que pagar durante años más de lo debido por subir y bajar cómodamente en las decenas de edificios oficiales que mantiene en Bélgica y Luxemburgo.

Un estudio esgrimido durante el juicio cifra el perjuicio entre seis y nueve millones de euros, aunque la compensación final, si los jueces la conceden, podría girar en torno a los siete millones.

Durante el juicio, la defensa de los cartelistas ha acusado a la CE de ser juez y parte, porque primero les impuso en 2007 una multa de 992 millones de euros en total (récord en aquel momento) y ahora les reclama una compensación millonaria.

Habrá que ver que dicen los jueces belgas. Pero si gana la Comisión, quizá otras compañías deberían ir preparando la chequera. El mes pasado, por ejemplo, la Comisión multó a 17 fabricantes de material de construcción para baños por repartirse el mercado en varios países (entre ellos, otra vez, Bélgica y Luxemburgo) durante ¡12 años! Cabe imaginar que los contables de la CE ya estén revisando las facturas de lavabos, inódoros y urinarios.

Pero lo más curioso es que la Comisión de José Manuel Barroso intenta resarcirse del daño causado por los cárteles mientras se resiste a aprobar una directiva que facilitaría la obtención de compensaciones a otras presuntas víctimas, mucho más vulnerables y con menos capacidad de afrontar un largo juicio.

La anterior comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, preparó ese proyecto de directiva durante cuatro años. Pero Barroso lo bloqueó a finales de 2009, lo que dejó a las víctimas de los cárteles sin apenas posibilidades de recuperar un daño estimado de varios miles de millones de euros. Y el sucesor de Kroes, Joaquín Almunia, aún no ha retomado el proyecto... porque quiere estudiarlo en más detalle. Para pasar la factura a ThyssenKrupp y compañía, la Comisión no se lo ha pensado tanto.

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