La CEOE pide reducir funcionarios y privatizar las empresas públicas deficitarias

La CEOE pide al Gobierno medidas de "gran calado" para recortar más el gasto público, como reducir el número de funcionarios empezando por los menos productivos, permitir la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos o la privatización de empresas públicas deficitarias.

A juicio de la patronal, estas propuestas, junto a otras como la reducción de impuestos, especialmente los que gravan el ahorro, son "imprescindibles" para que se restaure la credibilidad de la economía y de sus cuentas públicas, ya que consideran que las medidas del Gobierno son "aún insuficientes".

Por eso, la junta directiva de CEOE dio el visto bueno ayer a un documento que aglutina las principales propuestas de los empresarios y que hoy la patronal hará llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese texto, al que ha tenido acceso Efe, los empresarios explican también que es "preciso" reorientar el gasto público y dejar que la sociedad decida cuáles son las actuaciones fundamentales que deben realizar las administraciones para "reducir o abandonar" aquéllas que son secundarias.

Para recobrar la confianza, la CEOE insta a combinar la puesta en marcha de reformas "profundas" del mercado de trabajo, de las pensiones y del sistema sanitario, con un "ajuste rápido" del déficit centrado en los recortes y la racionalización del gasto público corriente.

Advierte además al Gobierno de que "cualquier concesión al populismo, cualquier gesto para compensar ajustes de gastos con subidas de impuestos al ahorro o a los que más ahorran, sería especialmente dañina".

Según los empresarios, un programa eficaz de contención del gasto a medio plazo debe incluir una reducción del gasto de personal público en el que se ponga énfasis en prescindir de los empleados menos productivos y discriminar el recorte de las remuneraciones igualmente según la productividad de los servicios públicos producidos.

Además, otra fórmula de recortar el gasto del personal público sin que merme la calidad de los servicios que prestan es dar un mayor protagonismo al sector privado en este tipo de actividades, ya que con ciertas concesiones no se "privatiza" y la experiencia demuestra que se gana en calidad con un coste menor.

La CEOE ve margen para que comunidades autónomas y ayuntamientos intensifiquen la colaboración público/privada en ámbitos como el tratamiento y suministro de aguas, desechos, transporte urbano e interurbano, por carretera y ferrocarril, así como en el de la gestión o la explotación de centros sanitarios.

Proponen privatizar las pérdidas de las empresas autonómicas

Otra de las propuestas de los empresarios es privatizar las pérdidas de empresas autonómicas y estatales deficitarias y reducir las subvenciones de ciertos servicios públicos.

Por un lado, la patronal pone el foco en algunas empresas como las televisiones autonómicas, "fuertemente endeudadas", que generan elevados déficit y que cree que podrían ser privatizadas ya que sus servicios "no parecen que sean muy necesarios socialmente ni tengan incidencia positiva (...) sobre la productividad".

Igualmente, recuerda que existe un gran número de entidades públicas que duplican la actividad de otras administraciones, como las oficinas de promoción comercial o de turismo.

En cuanto a las subvenciones que reciben determinados servicios, recuerda que en ellos el usuario paga un precio muy inferior al coste de producción y como caso más llamativo cita el transporte público urbano por carretera y el ferroviario, o el uso gratuito de ciertas carreteras con alta capacidad y, por tanto, alto coste de mantenimiento.

Ante esta situación la CEOE cree que es "inevitable" que en un proceso de consolidación fiscal se encarezcan este tipo de servicios y pone como ejemplo los billetes de los trenes de alta velocidad, que se financian de subvenciones vía impuestos tanto por los usuarios que se benefician de ellos como los que no.

También pide que se reordenen las competencias porque critican que en España existe un exceso de administraciones: ayuntamientos, cabildos o consejos insulares, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, administración general del Estado y Unión Europea.