La veleidad pública de las cajas
El sistema financiero español está tratando de sortear el tsunami que se ha desencadenado a nivel internacional que ha bloqueado el flujo crediticio, en parte debido al incremento del riesgo sistémico, pero también como consecuencia de la opacidad y falta de transparencia endémica de sus actores, bancos y cajas de ahorros.
En este contexto, se está gestando una profunda reforma de las cajas de ahorros en un contexto en el que la sociedad entera sufre el parón del crédito, algo que tiene elementos muy positivos, pero que también castiga al empresariado solvente, lo que añade aún más incertidumbre sobre qué modelo de entidades se pretende en el futuro. Para entender la magnitud del problema hay que analizar la magnitud de los flujos financieros dentro de la economía española.
El primer aspecto a destacar es el volumen del balance financiero a finales de 2009, y especialmente su evolución. El total del balance financiero alcanza los 9,02 billones de euros en 2009, lo que supone un 858% del PIB nominal de la economía española. El incremento desde 2002 ha sido muy notable, pasando de un 600% a casi un 850% en 2009, lo que prueba la expansión de la economía financiera, muy superior a la economía real. Ello prueba cómo la economía española ha ido perdiendo, en términos relativos, peso en materia de actividad productiva y ganándolo en activos financieros. Esta gran expansión financiera se ha debido, en gran parte, a la expansión tan significativa de la deuda contraída por los agentes económicos, fundamentalmente deuda privada de las sociedades no financieras, seguido de las instituciones financieras, familias y, finalmente, el sector público. En concreto, la deuda total, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de préstamos a finales de 2009, ascendía a 4,1 billones de euros, o lo que es lo mismo, un 400% del PIB.
La explicación a este proceso es bastante simple. La economía española ha experimentado un proceso de inversión en capital fijo, por un lado, fundamentalmente inmobiliario, que ha sido sufragado casi íntegramente vía endeudamiento, pues la capacidad de financiación de las familias comienza a ser negativa a partir de 2002. Al mismo tiempo, aunque las empresas no financieras empiezan antes, éstas han utilizado este proceso progresivo de abaratamiento de la financiación para acometer proyectos de inversión y especialmente de internacionalización de las principales empresas, lo que ha necesitado una ingente cantidad de fondos prestables, cuyo origen mayoritariamente ha sido bancario, pues el recurso a los mercados de capitales sigue siendo todavía menor en comparación con otros países de nuestro entorno.
Después de este proceso de endeudamiento, las cajas de ahorros ahora están en trance de una profunda transformación que se basa en tres principios. En primer lugar, se normaliza una práctica que las alejaba de la lógica financiera, es decir, poder captar capital en los mercados organizados y que esto devengue en derechos políticos para sus tenedores. Esto, al margen de facilitar la capitalización y la solvencia, reduce el riesgo de quiebra y permite cumplir con Basilea III. En segundo lugar, la profesionalización de los órganos de gestión los dotará de la posibilidad, que no siempre se logra, de poder nombrar a verdaderos profesionales que entiendan el negocio bancario y los mercados financieros. Esto es imposible lograrlo en el contexto actual, en el que tanto el consejo de administración y la asamblea están poblados de dignos representantes de entidades políticas y sociales, cuyo conocimiento financiero dista mucho de poder aportar algo más que el voto teledirigido, extraer minutas y ventajas sociales. Peor aún es la creencia de que estas entidades son públicas y que facilitan fondos para las clases sociales más desfavorecidas. Habría que enseñarles que el principal riesgo de las cajas de ahorros está depositado en el denominado riesgo promotor. Es decir, las mayores cantidades de fondos se han empleado en financiar a los promotores inmobiliarios, cuyas inversiones realizadas demuestran el mal uso de los supuestos fondos públicos. Asimismo, demuestran la falacia que preconiza que las organizaciones políticas y sociales influyen en las decisiones y que éstas favorecen a las clases más desfavorecidas. Por último, la obra social se desgaja y se transforma en fundaciones que seguirán cumpliendo su verdadero carácter social.
En suma, con un balance financiero como el español, las entidades financieras no pueden estar en manos de quienes están ahora, ni tampoco pueden estar expuestas al déficit de capital, lo que Basilea III trata de paliar. Por tanto, la reforma va en la dirección adecuada, pero adolece de la rapidez e impronta suficiente para superar la deriva de los mercados financieros.
Alejandro Inurrieta. Profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)