_
_
_
_
Para equilibrar la financiación del sistema para 2018

El Gobierno francés retrasa la edad de jubilación para poder financiar las pensiones

El Gobierno francés adoptó hoy la reforma de las pensiones, que retrasa en dos años la edad de jubilación (de 60 a 62 la voluntaria), e insistió en que no aceptará más que cambios mínimos en su plan porque el objetivo es equilibrar la financiación del sistema para 2018.

"No es una reforma ni de derechas ni de izquierdas, es una reforma de las pensiones" cuyo objetivo es "reequilibrar" y "salvaguardar el modelo francés por reparto", subrayó el ministro de Trabajo, Eric Woerth, al presentar el texto una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

"Es una reforma justa", subrayó ante la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional Woerth, pocas horas después de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, le hubiera dado todo su respaldo frente a las acusaciones de conflicto de interés por sus relaciones con la multimillonaria Liliane Bettencourt.

El texto presentado hoy coincide exactamente con las grandes líneas anunciadas hace un mes, en las que ya se contemplaba elevar la edad de jubilación, que pasará de los 65 a los 67 años también progresivamente de aquí a 2018 para tener derecho a una pensión completa sin penalizaciones.

Ese retraso debería permitir cubrir un 44% de los 32.000 millones de euros de déficit del sistema de pensiones previsto si no hubiera reforma, y por eso el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anoche subrayó que ese punto es innegociable, como también la equiparación del nivel de cotización de los funcionarios con la de los trabajadores del sector privado, de forma que subirá del 7,85% actual al 10,55%.

Pese a la equiparación de los índices de cotización, que debería aportar unos 4.000 millones de euros suplementarios en el horizonte de 2018, los funcionarios se seguirán beneficiando de un cálculo del monto de su pensión sobre la base de sus seis últimos meses de actividad, y no de 20 años, como ocurre en el sector privado.

La proposición de ley incluye también una nueva fuente de financiación que pretende incorporar una noción de justicia social con el aumento del tipo máximo del impuesto sobre la renta del 40% al 41%, y el incremento de la presión fiscal sobre los dividendos, los ingresos de capital y las plusvalías bursátiles, con lo que se esperan recaudar 4.600 millones de euros en el horizonte de 2018.

Sarkozy no sólo fijó las "líneas rojas" que no está dispuesto a franquear en esta gran reforma de su mandato, que debería estar adoptada de forma definitiva por el Parlamento antes de la remodelación de su Gobierno programada para finales de octubre.

También advirtió que las protestas organizadas por los sindicatos, y en particular la jornada de movilización del 7 de septiembre, no le harán cambiar por masivas que sean, aunque dejó espacio para la negociación en las próximas semanas.

Woerth concretó hoy ese margen al situarlo en las disposiciones del proyecto de ley sobre medidas compensatorias en la jubilación para los trabajos penosos: "se puede ir más lejos" cuando "a partir del mes de septiembre" empiece la discusión con los sindicatos "a partir de los factores de exposición al riesgo" laboral.

El texto prevé que podrán jubilarse a partir de los 60 años (y no a los 62) las personas que tengan un grado de invalidez de al menos un 20% causado por un accidente o una enfermedad profesional, pero las centrales exigían una definición de categorías profesionales con un trabajo penoso, que de forma colectiva deberían poderse jubilar de forma anticipada.

En el mismo momento en que el Ejecutivo adoptaba la proposición legislativa, los líderes sindicales -arropados por un grupo de manifestantes- se concentraron delante del Ministerio de Trabajo en París para reiterar su oposición y denunciar los llamamientos al diálogo de Sarkozy, inconsistentes a su juicio a la vista de su posición inflexible.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Bernard Thibault, cargó contra Sarkozy, "cerrado en sus certidumbres", y previno que aunque el jefe del Estado ahora asegura que no se moverá un ápice incluso si las protestas tienen un gran seguimiento, "tendrá que revisar su plan"

Thibault tampoco se privó de recordar que uno de los argumentos esgrimidos por la ministra de Economía y Finanzas, Christine Lagarde, para defender la reforma, ha sido que Francia la va a llevar a cabo dos veces más rápido que Alemania, y que "los mercados pueden dormir a pierna suelta".

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Archivado En

_
_