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Conflicto laboral

Los empleados de Metro de Madrid convocan nuevos paros

Los trabajadores irán a la huelga mañana y el viernes con un 50% de trayectos como servicios mínimos

Las maratonianas reuniones que han mantenido representantes de Metro de Madrid y de los empleados a lo largo de la última semana no han surtido efecto. Finalmente, la asamblea de trabajadores votó ayer masivamente reanudar los paros respetando los servicios mínimos (el 50% de los trayectos, según lo fijado por la Comunidad de Madrid) para mañana y el viernes.

Esta propuesta, que fue ratificada de forma mayoritaria, es mucho menos agresiva que la sugerida inicialmente por el comité de huelga, que establecía cuatro jornadas de paros (desde hoy al viernes), de las que tan sólo habría servicios mínimos el primer día. El resto, el metro sólo funcionaría de 6 a 9 y de 18 a 21 horas, las horas en las que se concentran una gran mayoría de los viajes de los dos millones de usuarios. Esa propuesta sólo fue respaldada por 30 de los 2.000 trabajadores que votaron en la asamblea y podría haber provocado un caos como el acontecido durante el 29 y el 30 de junio, en el que el metro no funcionó y provocó un colapso circulatorio sin parangón.

Posturas alejadas

La reanudación de los paros muestra lo alejadas que están las posturas entre los trabajadores y la empresa pública. De la reducción de sueldo del 5% aprobada en la Asamblea de Madrid para los 7.610 empleados de Metro de Madrid se ha pasado a una última propuesta que limitaba ese recorte al 1,5%, algo que fue rechazado por el comité de huelga.

El portavoz del comité de huelga de Madrid, Antonio Asensio, calificó de "lamentable" la actitud de la empresa, ya que, a su juicio, el acuerdo para evitar nuevos paros sería posible si admitiese la reducción del gasto en otras partidas, "sin necesidad de recortar el salario a los trabajadores".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recordó ayer que la última oferta de rebaja de sueldo para los empleados es tan "sólo" del 1,5% de su sueldo, cuando la ley establece que la reducción debería ser del 5% del conjunto de la masa salarial.

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