La polémica del Estatut irrumpe en el debate del estado de la nación
La polémica sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al Estatuto catalán será uno de los platos fuertes del debate del estado de la nación de mañana. Mientras, el PP pide al Gobierno que aclare su postura, Zapatero y Montilla han concertado una reunión para la próxima semana en la que tratarán el asunto.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afronta desde mañana el debate sobre el estado de la nación más difícil de su mandato. Tras salir relativamente airoso de los cuatro anteriores, el presidente deberá abordar, desde su soledad parlamentaria la defensa del drástico recorte social que ha llevado acabo en un país que supera el 20% de paro. Además, desde el Partido Popular exigen a Zapatero que "explique a toda España" por qué el Partido Socialista fue una de las formaciones convocantes de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Barcelona contra la sentencia del Tribunal Constitucional que recorta el Estatuto de Cataluña.
"El señor Rodríguez Zapatero es responsable, en cierta medida, de lo que ocurrió el sábado pasado", clamaba ayer la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, argumentando que ha secundado un ataque "contra los principios y los fundamentos" de la Constitución.
Precisamente para abordar este tema, el presidente de la Generalitat Catalana, el socialista José Montilla, se reunirá la próxima semana con Zapatero en la Moncloa. "No me toca hacer de portavoz ni de intermediario de Zapatero, pero es cierto que tiene un problema con Cataluña en la medida en que lo tiene España", declaró ayer Montilla en la emisora RAC1, alegando que "el mal llamado problema catalán es también un problema de España y de todas las fuerzas políticas".
El PP pide al Ejecutivo que responda por la protesta de Barcelona
La controversia llegará, no obstante, antes de dicha cita, dado que Montilla ha reclamado ya a Zapatero que utilice el debate para sacar adelante "una resolución que permita restituir las cosas en el punto antes del recurso del PP" contra el Estatuto.
Todo un ejercicio de complicados equilibrios en el que el Zapatero deberá defender la legitimidad del Constitucional, sin enemistarse con los nacionalistas catalanes, y el propio PSC, a quienes debe ganarse para aprobar los futuros Presupuestos Generales del Estado. Una prueba de fuego de su mandato que ya se divisa en el horizonte.
CC OO y UGT, por su parte, han reivindicado que el Gobierno utilice el debate para retirar su propuesta de reforma de las pensiones, que incluye retrasar la jubilación a los 67 años. Esta iniciativa, y sobre todo la reforma laboral que el Congreso se encuentra tramitando en estos momentos, ha granjeado a Zapatero su primera huelga general, convocada para el próximo 29 de septiembre. Dos aspectos, el contenido de la propia reforma y la reacción de las centrales, que tendrán también su papel en el debate.
Cancelación de obras públicas
Entre las materias que la oposición utilizará como armas arrojadizas en el hemiciclo, se encuentran también la cancelación de las obras públicas o la reciente subida del IVA. Por su parte el Gobierno, contraatacará previsiblemente con la inaplicación de la ley del aborto y los múltiples casos de corrupción detectados en la Comunidad Valenciana.
Guerra de cifras
La sentencia del Tribunal Constitucional recortando parte del Estatuto de Cataluña (como la validez jurídica del término nación o el derecho a su propio cuerpo judicial) provocó el sábado una histórica protesta en Barcelona. La cuantía exacta de manifestantes, sin embargo, ha sido objeto de la habitual guerra de cifras. Mientras que la organización habla de 1,5 millones de asistentes, y la Guardia Urbana de 1,1 millones, hay medios que rebajan la cifra a 64.000 manifestantes.
Reforma de pensiones
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, matizó ayer que en la reforma de las pensiones pendiente, sería suficiente con elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para garantizar la viabilidad del sistema. Una cifra que contrasta con los 70 años que recomienda la UE.