"El desempleo es lo que más me preocupa"
El presidente de la Junta de Andalucía defiende las medidas tomadas por su Administración, algunas no exentas de controversia, para encarar las altas tasas de paro, destrabar el crédito a las pequeñas empresas y racionalizar el sector público andaluz.
Andalucía es la segunda comunidad con la tasa de paro más alta después de Canarias, pero hay estudios que muestran que el problema es estructural y la crisis lo que ha hecho es acentuarlo...
El desempleo es lo que más me preocupa. El verdadero rostro de la crisis es el de las personas que han perdido su empleo o que se han visto obligadas a aplazar su proyecto vital. El Gobierno andaluz fue el primero en actuar, en febrero de 2008, ante los primeros síntomas de desaceleración económica. Desde entonces, no hemos dejado de trabajar ni un minuto. Ahora estamos recogiendo algunos frutos y estamos comenzando a crear empleo.
¿En qué medida?
En los últimos seis meses disponibles de la EPA se han registrado 6.900 nuevos ocupados en Andalucía, mientras que en el resto de comunidades autónomas han disminuido en 482.000. Con el añadido de que, también según la EPA, en nuestra comunidad se han incorporado 44.500 personas más al mercado laboral en los últimos tres meses. Asimismo, mayo ha sido el cuarto mes consecutivo de incremento de afiliación en Andalucía. En lo que va de año, en nuestra comunidad se han afiliado 51.188 personas más, lo que representa el 24% del total nacional. Es decir, uno de cada cuatro nuevos afiliados en España es andaluz.
¿Qué acciones ha tomado su Administración para reducir el paro?
En febrero de 2008 ya detectamos cierto retroceso en el sector de la construcción y nos anticipamos a la crisis con la licitación de proyectos por valor de 1.200 millones de euros. En junio de ese mismo año, se volvió a acelerar otro paquete por valor de 1.022 millones de euros. Desde entonces, hemos impulsado la inversión pública, hemos puesto en marcha planes especiales de choque, como el Proteja y el Memta, hemos articulado fondos reintegrables para pequeñas y medianas empresas y hemos ayudado a empresas viables en dificultades, entre casi medio centenar de actuaciones de impulso económico y generación de empleo. Y la semana pasada presentamos a los empresarios los proyectos de infraestructuras que vamos a acometer mediante la fórmula de colaboración público-privada, y que prevén la creación de 40.000 empleos en los próximos años.
En el debate sobre el estado de la comunidad, además de medidas de disminución del gasto público e incremento de ingresos, anuncié dos planes específicos de empleo para los colectivos que están siendo más afectados por la crisis, los jóvenes y los parados de más de 45 años, una inversión de más de 1.000 millones de euros. Anuncié también importantes actuaciones de fomento del sector privado, al objeto de que se convierta en el motor de la recuperación económica y del empleo. Para ello, vamos a facilitar la fluidez de crédito y vamos a simplificar los trámites para aquellas empresas que quieran llevar a cabo sus proyectos en Andalucía. Por citarle algunos ejemplos, la declaración de interés autonómico para inversiones empresariales estratégicas o la tramitación por vía urgente de los proyectos de colaboración público-privada.
En el debate anunció una disminución en las inversiones directas de la Junta de 846 millones. ¿A qué obras afectará este recorte?
No se trata de recortar, sino de una reprogramación de las inversiones desde la responsabilidad y con los deberes hechos: los proyectos no se suprimen, en todo caso se ralentizarán en su ejecución para ajustarnos a las circunstancias. Para empezar, no debemos olvidar que Andalucía parte de una situación ventajosa, ya que fue la comunidad española que más invirtió entre 2002 y 2009 en infraestructuras, con un crecimiento del 125%.
¿Esta reprogramación incluirá proyectos en ejecución o ya licitados?
Estamos en conversaciones con el Gobierno central para ver qué inversiones se deben reprogramar. Hay un criterio que parece claro: es más fácil no empezar lo que no está empezado que retrasar un proyecto ya iniciado. Desde este punto de partida, una apuesta fuerte del Gobierno andaluz son los proyectos de infraestructuras que se van a ejecutar bajo la fórmula de colaboración público-privada, con 2.676 millones de inversión, y que conllevan la creación de casi 40.000 puestos de trabajo, como ya he apuntado. Se trata de nueve tramos de autovías, un paquete de obras menores en carreteras y la ampliación de dos puertos, que se tramitarán por la vía de urgencia.
Vamos a utilizar por primera vez en Andalucía esta fórmula de colaboración público-privada en infraestructuras muy importantes para nuestra comunidad, cuyos pliegos de licitación se han elaborado conjuntamente con las entidades financieras y los empresarios, precisamente para que sean un motor de impulso para estas empresas, para el empleo y para la fluidez del crédito.
En el debate anunció también la eliminación de 110 empresas públicas. Sin embargo, quedarán todavía 145. ¿Por qué hay tantas y por qué no se quitaron antes si, como parece evidente, se podía prescindir de la mitad?
Nuestro objetivo es contar con un sector público más operativo, racional y eficiente. Bien dimensionado, con una adecuada presencia territorial y, sobre todo, eficaz para el ciudadano. Ya redujimos el número de consejerías y de altos cargos, y ahora vamos a acometer la reorganización del sector público empresarial. Y lo vamos a hacer garantizando los servicios públicos fundamentales. Las empresas públicas son las que se encargan de los comedores escolares de nuestros hijos, las responsables de las ambulancias y de los helicópteros sanitarios en casos de emergencias, quienes construyen las viviendas de protección oficial o las que luchan contra los incendios. Sólo hay que echar un vistazo a otras comunidades que tienen privatizados estos servicios, para ver cómo funcionan, cuál es su déficit y cuáles sus resultados, antes de demonizar a estas empresas de prestaciones sociales que inciden directamente en la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. Por tanto, vamos más allá de un mero ahorro del gasto público, que también, sino que apostamos por un sector público más eficiente y mejor dimensionado.
¿Qué va a pasar con los trabajadores de las 110 empresas que serán suprimidas?
Ni vamos a destruir empleo ni ese es el objetivo. La reorganización se llevará a cabo por fusión, absorción o extinción, por lo que sí se verán afectados puestos directivos, pero no empleados. Vamos a actuar sobre el 43,3% de estas empresas con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia, evitando duplicidades en la gestión de entes similares y con un mejor aprovechamiento del personal. Esto conllevará una mejor coordinación, algo fundamental para el aumento de la competitividad de este sector, y significará también la disminución de los gastos corrientes. Por lo tanto, menos coste y más eficacia.
¿No teme que la creación de impuestos sobre los depósitos financieros tenga un efecto contraproducente? La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha alertado de que los capitales se irán a los territorios donde haya menos trabas.
Parece lógico que las entidades financieras, que han estado en la causa y origen de la crisis que padecemos, contribuyan también a paliar los efectos de la misma, que, recordemos, se trata de una crisis de capital. Pero el impuesto sobre los depósitos bancarios no tiene un fin recaudatorio, su objetivo es que fluya el crédito para pymes, autónomos, cooperativas, que ahora son los que tienen problemas de liquidez. Se trata también de dirigir el crédito a proyectos empresariales que creen empleo y riqueza bajo el nuevo patrón de modelo de crecimiento que hemos llamado Andalucía Sostenible. Las entidades que concedan préstamos para financiar inversiones estratégicas podrán deducir a la vez que están contribuyendo a la reactivación de la economía. Me gustaría no recaudar ni un céntimo por este impuesto, porque eso supondría que bancos y cajas están concediendo créditos. Los empresarios serán, justamente, los más beneficiados.
La propuesta contempla deducciones por créditos a proyectos ligados al plan Andalucía Sostenible. ¿En qué consiste este programa?
Andalucía Sostenible es el futuro. Lla hoja de ruta del Gobierno andaluz para el nuevo modelo de crecimiento que queremos en nuestra comunidad. No sólo estamos trabajando, pues, para salir lo antes posible de la crisis, sino para salir en las mejores condiciones. Si algo hemos aprendido es que no podemos cometer los mismos errores que nos han llevado a esta crisis inédita. Debemos aportar soluciones, pero con las luces largas, para salir fortalecidos, por eso caminamos hacia un nuevo patrón, un modelo de sostenibilidad social, económica y ambiental. Para ello, llevaremos a cabo 146 medidas que prestan especial atención a los ámbitos de la formación, la I+D+i, el uso eficiente de los recursos, la competitividad empresarial, la apuesta por sectores emergentes como las energías renovables, el empleo estable y la cohesión social para afrontar el previsible envejecimiento demográfico. En definitiva, se trata de hacer mejor lo que ya sabemos hacer, desde una mejora de la competitividad y la calidad de nuestros productos y servicios.
Algunos ciudadanos se estarán preguntando por qué debo pagar con mis ahorros la desconfianza de los bancos. ¿Qué les respondería?
Niego la mayor. Nuestro sistema financiero ha demostrado en esta crisis su solidez y solvencia. Afortunadamente, los mecanismos de control del Banco de España han demostrado su utilidad, y no ha sido necesaria una inyección directa de financiación por parte del Estado a los bancos, como ha ocurrido en otros países. Lo que sí se ha articulado son una serie de avales para aquellas entidades que lo precisaran. Además, José Luis Rodríguez Zapatero ha adoptado medidas para profundizar en la solidez y transparencia del mercado financiero, como el aumento de la garantía de los depósitos bancarios o la publicación de los stress tests, medidas que han sido calificadas como modélicas en Europa.
"Marcharse por el alza del IRPF es, cuando menos, insolidario"
Un IRPF más alto en Andalucía que en el resto de España podría tener un efecto adverso. REstoy convencido de que no. En un momento en el que los empleados públicos están haciendo un sacrificio de recorte de ingresos, también hay que pedir un esfuerzo a los que más ganan. A un funcionario que gana 30.000 eurosal año se le está pidiendo un esfuerzo de 1.500 euros anuales. A una persona que gana 90.000 euros, 900 euros. El esfuerzo es equilibrado y progresivo. Ningún andaluz se va a ir de Andalucía por este motivo, y si lo hace es, cuando menos, insolidario. La subida del tramo autonómico del IRPF, más que recaudar, pretende implantar en la comunidad una fiscalidad progresiva y equilibrada, en la que contribuyan más los que más ganan y también los que más tienen -que en este caso es competencia del Estado-. Fíjese, se verán afectados 21.800 andaluces, y la mayoría de estas rentas son sociedades y no personas físicas.La dureza del paquete ha dejado la impresión de que la situación fiscal de Andalucía es muy precaria. RNi en España ni en Andalucía se ha actuado con la crudeza de Alemania, donde se va a despedir a 55.000 funcionarios y militares. Sí es cierto que estamos aplicando recortes en el gasto público, pero no con mayor dureza que en el resto de Europa. De hecho, Andalucía lleva varios años apostando por la austeridad en los presupuestos, por lo que llega a esta situación con los deberes hechos, con un déficit público menor que otras comunidades. Con ocho millones de habitantes, somos la comunidad más poblada de España y, sin embargo, tenemos un endeudamiento global de 10.788 millones de euros, por debajo de otras autonomías con menor población como Madrid, Valencia o Cataluña. A pesar de ello, somos conscientes de la importancia del compromiso con la consolidación de déficit público. El Gobierno andaluz ha adoptado medidas sobre los ingresos y los gastos que supondrán un menor déficit para 2010, exactamente de 1.583,5 millones de euros. De éstos, sólo 75,5 millones serán por mayores ingresos, ya que la mayoría de las figuras tributarias entrarán en vigor a partir del año que viene.
"Nuestra posición con respecto a Cajasur es de neutralidad"
¿Aceptará su Gobierno que Cajasur sea adjudicada a una caja que no sea andaluza? Desde el Gobierno andaluz hemos marcado la hoja de ruta para las cajas de ahorros: caminar hacia una gran caja andaluza que refuerce el sector financiero andaluz y nacional. Este objetivo, que debe impulsarse desde los órganos de gobierno de las cajas, es posible y perfectamente alcanzable en el corto plazo. El punto de partida es Unicaja y Cajasol, un proceso al que sería bueno que se incorporara Caja Granada. También puede estar abierto a otras entidades no andaluzas y podría completarse con la suma de Cajasur, si finalmente se quedara en Andalucía.¿Y si no fuera así, si finalmente Cajasur no se quedara en Andalucía? La posición del Gobierno andaluz es y será de neutralidad respecto a las decisiones que puedan afectar a Cajasur. Debemos respetar la decisión que el Banco de España tome en su momento. Estaremos de acuerdo con cualquier decisión que contribuya a reforzar el sistema financiero andaluz y a mantener la naturaleza territorial y social de las cajas de ahorros.Reducir la plantilla es necesario para hacer rentable Cajasur. ¿Permitirán que, independientemente de su comunidad de origen, la ganadora de la subasta ponga en marcha un ERE? El Gobierno andaluz, en éste y en cualquier proceso, exige garantizar la continuidad del máximo de puestos de trabajo. En el proyecto de fusión con Unicaja se dialogó intensamente, y hasta el último momento, con los sindicatos para alcanzar el mejor acuerdo en materia laboral. Ahora es el Banco de España el encargado de decidir la mejor oferta para Cajasur y cuáles son las condiciones de la misma, que desde el Gobierno andaluz confiamos en que se llegue a la mejor solución en todos los aspectos.