TRIBUNA

Elogio a la cooperación público-privada

En un taller sobre cooperación público-privada (CPP), al que asistimos recientemente, directivos de las ciudades de Leeds y Barcelona expusieron cuatro interesantes experiencias de colaboración: una escuela y una planta de tratamiento de residuos, ambas en Leeds, y los casos de la ciudad de la justicia y la construcción y operatividad de los tranvías Trambaix y Trambesós de Barcelona.

La lógica básica, detrás de proyectos como los mencionados, es la siguiente: la Administración necesita construir y gestionar una infraestructura. La empresa -con la especialización adecuada- diseña, financia, construye y mantiene las infraestructuras. La Administración paga una renta por disponer de las mismas y ponerlas al servicio del ciudadano.

Barcelona, y España en general, tiene una larga experiencia en CPP. De las experiencias presentadas también se pudo deducir la insuficiente capacidad institucionalizada que tienen nuestras Administraciones públicas para cooperar estratégicamente con el sector privado.

La cooperación público-privada está emergiendo como instrumento potente e ineludible en la implementación de políticas públicas. Las razones de este auge son: por un lado, aprovecha la capacidad técnica y de gestión especializada; además, capitaliza la separación entre principal (Administración) y agente (la empresa) incrementando la eficiencia y el rigor contractual. Finalmente, permite al sector público acceder a recursos financieros adicionales en el mercado privado.

La CPP no es fácil y entraña riesgos elevados. Sobre todo debido a su alta complejidad, puesto que involucra dimensiones muy diversas: estratégica, jurídica, económica, financiera, técnica y de gestión.

Una buena práctica de esta cooperación requiere, por parte de la Administración, captar la necesidad pública y formular unos objetivos de creación de valor público, conocer el mercado de operadores privados, seleccionar la modalidad de colaboración y al operador adecuado, garantizar una adjudicación impecable, construir una relación con el operador y hacer un seguimiento meticuloso, y a la vez facilitador, del proyecto que ejecuta la empresa. Nuestras Administraciones no tienen suficiente capacidad instalada para desarrollar adecuadamente estas responsabilidades.

El área metropolitana de Leeds (con 770,000 habitantes) creó en 1999 una unidad de CPP para ayudar a los distintos departamentos del ayuntamiento a crear y gestionar proyectos de inversión y gestión de infraestructuras. Esta unidad tiene un presupuesto anual de 4 millones de euros y cuenta con 70 profesionales divididos en tres áreas: técnica, comercial y de seguimiento. A su vez, contrata asistencia técnica externa a expertos legales y financieros.

Después de conocer el plan especial de infraestructuras presentado por el Gobierno y que pretende contar con un 30% de financiación privada, sin duda, haríamos bien en tomarnos en serio la gestión de la CPP.

Su aportación será crucial para garantizar las infraestructuras y los servicios públicos que necesita nuestra sociedad.

Albert Serra / Ángel Saz-Carranza. Profesores del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade (URL)