"Los recortes pueden vaciar de talento la Administración"
Los representantes de la inspección alertan de la "desmotivación" del cuerpo tras el tijeretazo
Entre un 20% y un 25% de los inspectores de Hacienda está en situación de excedencia. El porcentaje no llega al nivel de los que se manejan en la abogacía del Estado, pero permite hacerse una idea del atractivo que este cuerpo tiene para el sector privado, donde los fichajes profesionales se cierran con cifras bastante más generosas que en la Administración. En ese contexto, el recorte salarial que se ha impuesto a los funcionarios no ha hecho sino exacerbar un clima que el colectivo de inspectores no duda en definir en dos palabras: "desmotivación" y "decepción".
"Imponer recortes salariales de esta envergadura a profesionales que cuentan con una media de nueve o diez años de preparación va a conseguir despoblar la Administración de talento, mérito y capacidad", advierte Isabel Martínez, presidenta de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, entidad que aglutina a 1.900 profesionales, 200 de ellos en excedencia. Un diagnóstico que comparte su compañero Francisco de la Torre, portavoz de la asociación, quien reconoce que si el sector privado comienza poco a poco a recuperarse de la crisis y la Administración "sigue anclada en recortes de sueldo que, además, quiere vender como progresivos", en un futuro no muy lejano pueden llegar a plantearse "problemas muy serios de fuga de inspectores hacia el sector privado".
Por el momento, el descontento en el cuerpo se está traduciendo en distintas propuestas de respuesta al tijeretazo. Mientras algunos inspectores apoyan la realización de una huelga de celo -en el sentido de aplicar a rajatabla hasta la última coma del procedimiento- otros se inclinan por una huelga a la japonesa o incluso por dejar de poner al servicio de la Administración medios personales que utilizan habitualmente, como el coche, el portátil o la impresora. "Hay posturas diferentes, incluso en función de zonas geográficas", matiza Isabel Martínez.
Pese a ello, hay una propuesta en la que el acuerdo es unánime: la impugnación por razones de inconstitucionalidad del real decreto ley de recorte del gasto público. "Tenemos que hacerlo por vía indirecta, a través de la impugnación individual de nuestras nóminas, porque no tenemos competencia directa para presentar un recurso. Nos apoyaremos en la inconstitucionalidad de la norma que se nos está aplicando para hacer que el juez eleve una cuestión de inconstitucionalidad", apuntan los representantes de la asociación. ¿Va a haber entonces una cascada de recursos? "Sí, y por parte de otros cuerpos de la Administración también", responde Martínez.
El malestar que se respira entre los funcionarios tras el recorte tiene, en el caso de los inspectores, un plus añadido. "Se está perdiendo de vista que lo que nos ha conducido hasta aquí es una caída recaudatoria sin precedentes, que en parte está ligada al fraude fiscal. La sensación que tenemos es que existe mucho fraude que podríamos abordar, pero en lugar de pedirnos que trabajemos más, lo que se ha hecho es recortarnos el sueldo y exigirnos tareas burocráticas que nos distraen de nuestro objetivo principal: la investigación y la lucha contra el fraude", apunta De la Torre.
Con esa mención a la burocracia, el portavoz hace referencia a una instrucción de la Agencia Tributaria dictada el pasado mes de febrero en la que se impone la aplicación de protocolos exhaustivos -que la asociación de inspectores califica de mera "burocracia"- ligados al cumplimiento de los objetivos de productividad, y en la que se incluyen también penalizaciones. "Si nos recortan el sueldo y, además, nos penalizan con más recortes si no aplicamos los protocolos, la tendencia de mucha gente va a ser aplicarlos a rajatabla, aunque ello nos reste tiempo para investigar", señala Isabel Martínez. Pese a que esas penalizaciones todavía no han comenzado a aplicarse, la asociación presentó hace quince días un recurso contra el texto. "Entendemos que es nulo de pleno derecho", concluyen.
Cuando las querellas infundadas "salen gratis"
Entre las reclamaciones profesionales que mantiene la asociación de inspectores destaca la petición a la Agencia Tributaria de un protocolo de defensa de su actividad profesional. El motivo es la existencia de una práctica, ligada a un cierto perfil de contribuyente, consistente en interponer acciones judiciales contra inspectores en un intento de ralentizar el procedimiento. "Nos estamos encontrando con querellas a compañeros, en muchos casos infundadas, que pretenden retrasar el procedimiento de inspección", explica Isabel Martínez. Una vez presentada la querella, señala la presidenta de la asociación, se produce la recusación del inspector "porque ya hay un litigio en marcha y existe una causa de recusación". La mayoría de estas querellas resultan finalmente archivadas, pero ello no impide que supongan un trastorno importante para los inspectores afectados. "Nosotros creemos que este tipo de estrategia sale gratis al contribuyente", señalan la presidenta y el portavoz del colectivo de inspectores. Así, reclaman a la dirección de la agencia "una reacción más contundente" en forma de contraquerella para aquellos casos en que se demuestre que la acción ha sido infundada. "Este tipo de estrategias no las lleva a cabo un pensionista que no ha declarado 100 euros por su renta, sino los grandes defraudadores, que van a por todas", advierte Isabel Martínez. Otro aspecto que tanto Martínez como De la Torre critican es "la extrema búsqueda de eficiencia" que se exige al cuerpo en materia de productividad y que en algunos casos "choca con una aplicación razonable de la legalidad". "Nuestra tarea es aplicar el sistema tributario, no forzar a pagar más. Ligar la productividad a la cantidad de deuda liquidada no es una buena idea", concluyen.