El PP e Interior se enzarzan por la legalidad de la operación anticorrupción en Alicante
El Partido Popular acusó ayer al Ministerio del Interior de estar detrás de la operación policial que el pasado martes desembocó en la detención del presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, tres concejales de Orihuela, y varios empresarios. El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó a Interior de "suplantar al juez instructor en al menos tres actuaciones", y calificó de "operación publicitaria" el despliegue realizado por la policía en Alicante y Orihuela para registrar distintas instituciones y domicilios privados.
El dirigente del PP llegó a acusar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "conculcar derechos fundamentales". "Con Rubalcaba al frente de Interior las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo".
Pons aprovechó la confusión creada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, a lo largo del día, emitió dos comunicados sobre el caso. En el primero, se señalaba que el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, que lleva el caso de la supuesta adjudicación irregular de un plan de tratamiento de residuos en la comarca Vega Baja, no tenía constancia de las detenciones ni de citaciones.
Por la tarde, el propio TSJ emitió otro en el que reconocía que la policía tiene potestad para realizar tanto los registros como las detenciones previas a la puesta a disposición judicial y reconoció que el juzgado autorizó la operación, al tiempo que estaba alerta por si tenía que tomar declaraciones.
El propio Ministerio del Interior tuvo que salir a defender la legalidad de las operaciones, al tiempo que destacó que todo el proceso se realizó bajo autorización judicial.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante compareció ayer ante los medios para explicar que hoy debe acudir al juzgado, posiblemente para pasar a disposición judicial. Ripoll dijo que cuenta con el apoyo de Mariano Rajoy y de Francisco Camps.