Portugal, prueba de fuego para la UE
Desde hace medio siglo, una sólida y cada vez más robusta -desde una perspectiva empírica- corriente de pensamiento económico asociada a una buena parte de los últimos premios Nobel de Economía sostiene que el crecimiento económico y el progreso económico y social están estrechamente relacionados con las instituciones que gobiernan la economía.
La prueba más palpable y evidente de esta hipótesis es el extraordinario y generalizado éxito de las economías en vías de desarrollo que abrazaron la ortodoxia económica: China, India, Vietnam, Brasil, México, Perú y que de haber seguido operando al margen de las leyes de la economía de mercado, seguirían postradas en una pobre realidad sin esperanzas.
Es sumamente evidente, a la luz de la teoría económica vigente y de las experiencias obtenidas a lo largo de toda la historia, que la creación de riqueza está esencialmente relacionada con dos factores: la creatividad humana aplicada a la innovación tecnológica y las instituciones sociales que la favorecen, siendo la propiedad privada el eje institucional central y vertebrador que hace posible que las sociedades progresen, mientras que su negación, una de las causas principales de los retrasos en el crecimiento económico.
Viene al caso esta digresión -que debería ser ridículo tener que hacer- por la reciente decisión del Gobierno portugués de suspender el derecho de propiedad privada sobre las acciones de una sociedad: Portugal Telecom; algo tan arbitrario, injustificado e insólito, que carece de consistencia institucional.
En tiempos de feliz y ecuménica extensión de las buenas prácticas institucionales, que están consolidando la más generalizada e inusitada creación de riqueza de la historia de la humanidad, resulta que justo en el centro del espacio histórico -España y Portugal- en el que se gestó, gracias a la escolástica de Salamanca y Coimbra, el derecho de propiedad privada ahora parece -sólo parece- que alguien quiere subvertirlo.
Portugal es hoy el único país de la UE que mantiene la llamada acción de oro, ya que los demás o no cayeron en dicha arbitrariedad o terminaron suprimiéndola como consecuencia de una sentencia del TJCE.
La acción de oro sobre Portugal Telecom se encuentra recurrida por la Comisión Europea en un procedimiento en el que el abogado general ha respaldado la posición de la Comisión y que se resolverá el día 8 de julio. Caben pocas dudas de que la sentencia será contraria al Gobierno de Portugal.
El Gobierno portugués defendió su acción de oro sobre Portugal Telecom en supuestos vinculados a la seguridad de las redes de telecomunicaciones o a la necesidad del servicio universal, argumentos carentes de contenido real en el seno de la UE; es decir, meros artificios políticos que no servirán para nada.
Llama la atención, desde un punto de vista político, la insolencia portuguesa que la enfrenta sin motivo real ni justificación posible a la Comisión Europea, tratando de cuestionar -¡a estas horas!- el libre mercado, la libre circulación de capitales y la propiedad privada en el seno de la UE; ejes de nuestro acervo comunitario.
Puesto que la decisión del próximo 8 de julio no puede ser otra que dejar sin validez la decisión del Gobierno portugués, la cuestión que se plantea ahora es su ejecutividad. ¿Será capaz, la Comisión Europea, de exigir y hacer cumplir la inmediata suspensión de la acción de oro portuguesa?
Es de suponer que sí, pues de lo contrario entraríamos en una absurda crisis institucional que conviene menos que nunca a una Unión Europea que, ensimismada en sus propias limitaciones, tiende a dar la espalda a los grandes desafíos de una economía globalizada en la que las mejores oportunidades de inversión están presentes cada vez más lejos de nuestras fronteras.
Si Europa ha venido protagonizando las telecomunicaciones tras su liberalización y gracias a sus aciertos políticos, hoy nuestro liderazgo se encuentra cada vez más cuestionado, y con él nuestro mejor futuro, por lo que el caso portugués representa una verdadera prueba de fuego para la confianza de los inversores en nuestro sector, pero también en la UE.
Llama la atención la insolencia portu-guesa, que la enfrenta sin motivo ni justifi-cación a la Comisión Europea"
Jesús Banegas Núñez. Presidente de aetic