La familia Nozaleda confía en poder mantener la gestión de Nozar
La familia Nozaleda, propietaria de la inmobiliaria Nozar, confía en poder mantener la gestión de la empresa, declarada en concurso necesario de acreedores por la Audiencia Provincial de Madrid en vez de en concurso voluntario, como estaba desde septiembre de 2009.
Un portavoz de la inmobiliaria señaló hoy a Efe que "tiene que ser" el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid quien tome la decisión de retirar las facultades y añadió que son muchos los concursos necesarios que se han declarado sin que se haya sustituido a los gestores.
Así ha sucedido recientemente con el procedimiento de insolvencia de Viajes Marsans, en el que una juez mercantil decidió mantener las facultades de administración de los nuevos dueños, la sociedad Posibilitumm.
El concurso voluntario de acreedores se diferencia del necesario en que el juez puede decidir en este último caso retirar a los gestores de la sociedad deudora las facultades de administración, a lo que hay que sumar que el acreedor que lo solicitó tiene prioridad frente al resto para cobrar parte de las deudas reclamadas.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que en septiembre pasado declaró a Nozar en concurso voluntario de acreedores, elogió en su día la labor del equipo directivo de la compañía para intentar renegociar su deuda, que superaba entonces los 700 millones de euros.
En el auto dictado entonces, el juez Pedro Gómez sostenía que Nozar "ha estado regida por administradores que, cuando menos en apariencia y sin prejuzgar al respecto, han llevado a cabo con profesionalidad importantes esfuerzos para superar o eludir el impacto sobre su empresa de la crisis general por la que atraviesa el sector inmobiliario".
"En dicho empeño no han estado lejos de obtener recientemente las adhesiones precisas para alcanzar un convenio anticipado", agregaba el magistrado en referencia a las negociaciones de la familia Nozaleda con la banca acreedora.
Nozar mostró hoy su respeto por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que admitió el recurso de Avalatransa contra la decisión del juzgado mercantil de rechazar en mayo de 2009 el concurso necesario de acreedores que había solicitado. No obstante, la inmobiliaria insistió en que no debe los más de 300.000 euros que le reclama Avalatransa.