Golpe a la seguridad jurídico-económica
Actualmente 7,2 millones de empresas están sujetas a la emisión de información financiera de acuerdo con las directivas contables. De ellas, unos 5,4 millones son microempresas a nivel local o regional. Desde Grupo20, Asociación de Reflexión, Debate i Opinión de auditoría, confiamos en que la resolución de ley aprobada por el Parlamento europeo, por la cual se pide eximir a las microempresas de la obligación de preparar cuentas anuales, no siga adelante, ya que estamos hablando de que no habría ningún tipo de información contable financiera de un 75% de las empresas, además se incrementaría la desconfianza y se alargaría la crisis sistémica.
Desde autorizados foros científicos se ha cuantificado que, en condiciones normales de mercado, la incidencia del riesgo empresarial representa el 5% del PIB mundial, y se propone que sea la UE la que coordine un servicio transversal de gestión de riesgos, para mitigar los efectos negativos de la incertidumbre a través de una adecuada gestión del control interno.
Cuantificada en España la incidencia del riesgo empresarial (atendido el PIB y población) es de 1.236 euros per cápita, mientras el estudio de impacto de la legislación mercantil llevado a cabo por la Comisión Europea indica que el coste medio por empresa de cumplir con las exigencias de las directivas contables es de 1.558 euros. De este importe, 1.168 euros corresponden a cargas administrativas que no responden a una necesidad real para una buena gestión de la empresa.
La Ley Española de Economía Sostenible habla de un plan de eficiencia y racionalización de la Administración del Estado y del sector público empresarial, pero estamos en contra porque una supuesta reducción de cargas administrativas representaría un aumento de la inseguridad jurídica de las pequeñas y medianas empresas.
La no obligación de elaboración de cuentas anuales y de su preceptiva publicidad dejaría en muy mala situación la cada vez más exigente responsabilidad de los administradores, pues sería prácticamente imposible exigirles esta responsabilidad si no hay publicidad de la información financiera.
Si focalizamos bien el problema probablemente llegaremos a la conclusión de que éste no es la elaboración y publicación de las cuentas anuales, sino el hecho de tener que elaborarla en base a una normativa que no ha sido diseñada para las pymes, sino para grandes empresas.
En conclusión tendremos más costes administrativos, menos transparencia financiera y menos seguridad jurídica.
(*) Grupo20, asociación de reflexión, debate y opinión de auditoría, reflexiona sobre la resolución de ley del Parlamento Europeo que exime a la microempresa de la obligación de presentar las cuentas anuales.
M.ª Dolors Poch Villaplana. Socia de Pleta Auditores, miembro de Grupo20