Regularizar el dinero opaco antes que litigar
Hacienda ha descubierto que un millar de contribuyentes de "los que más tienen" han depositado parte de su patrimonio líquido en Suiza para eludir el pago de impuestos por la renta generada desde el año 2005 hasta ahora. Pero no está nada claro si el fisco español se ha topado, en vez de con una jugosa veta de ingresos en tiempos de escasez, con un problema de complicada resolución. Aunque de manera indirecta por el aviso pertinente de Francia, bien está descubrir una voluminosa bolsa de fraude; pero puede generar una frustración contraproducente en la Administración tributaria, con consecuencias decepcionantes en la conciencia fiscal colectiva, si finalmente los defraudadores logran esquivar el cerco, y con él el abono de los impuestos y de la correspondiente sanción.
Hacienda ha puesto en marcha el procedimiento de oficio para reclamar de forma individualizada el pago de las obligaciones tributarias de un millar de personas, que habrían ocultado rentas por valor de más de 6.000 millones de euros en cerca de 3.000 cuentas, y que podrían suponer para la Hacienda unos ingresos que oscilarían entre los 1.000 millones y los 2.600 millones, en función de qué consideración se diese a las rentas ocultas.
Pero igual de voluntario que ocultarse a la Hacienda es atender la petición administrativa de pagar antes del 30 de junio, fecha a partir de la cual buena parte de las ocultaciones habrían prescrito. Por tanto, tal como ya ocurrió hace un par de años con los patrimonios ocultos descubiertos en Liechtenstein, en el que sólo dos de cada diez regularizaron voluntariamente su situación, ahora los defraudadores bien podrían optar por resistir, soportar la acusación de delito fiscal (en cuyo caso estaría la gran mayoría, puesto que basta para ello con haber defraudado 120.000 euros), y enredar a la Hacienda en un largo proceso que puede dilatarse años, y en el que las consecuencias financieras para el Estado pueden ser muy limitadas.
La persecución del delito debe ser innegociable. Pero sí es negociable, aunque puedan pisarse territorios de riesgo moral, condiciones que animen a la regularización. El simple hecho de renunciar a la imposición de sanciones debe ser considerado por los defraudadores como un estímulo nada despreciable. Este tipo de episodios suelen enquistarse en las entretelas administrativas y judiciales con escasísimos réditos para las arcas públicas.
Aunque los gobernantes nunca deben renunciar a la persecución del delito, puesto que en tal práctica defienden los intereses de todos los contribuyentes que cumplen religiosamente con sus obligaciones, las arcas públicas deben estar más predispuestas a coger 100 por la vía rápida que a pelear 120 en una montaña rusa de pleitos, y eso suponiendo que los gane.