Entorno

Lecciones de un desastre, ocho años después

El vertido del 'Prestige' endureció la ley y elevó las indemnizaciones por daño ambiental

Lecciones de un desastre, ocho años después
Lecciones de un desastre, ocho años después

Casi ocho años han pasado desde que el buque Prestige, con bandera de Bahamas, de un solo casco y demasiado viejo para navegar, se hundiera frente a la Costa da Morte en Galicia, dejando una estela de crudo de 1.900 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Reino Unido, que elevó el accidente a catástrofe ecológica en sólo 48 horas.

El 9 de junio, la fiscalía reabrió una herida que se cerrará este invierno en los tribunales. En un timing casi perfecto con el vertido de BP en el golfo de México, que desde el 20 de abril mantiene despierta la atención internacional como nunca antes lo ha logrado un accidente ecológico, el ministerio público anunció que pediría 12 años de cárcel contra el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras.

La acusación también reclama al capitán el pago de 2.233,76 millones de euros de forma solidaria con la aseguradora del barco, The London Stamship Owners' Mutual Insurance Association Ltd.

El macrojuicio determinará las responsabilidades del vertido, ¿pero qué lecciones se han aprendido desde entonces? Si hoy volviera a suceder un accidente de las mismas características, algo que no es descartable dado que el transporte de hidrocarburos pesados sigue realizándose por barco, la ley española respondería de forma más contundente, al menos sobre el papel.

Cuando el Prestige reventó, en España existía la Ley de Suelos y la Ley de Aguas como instrumentos para responder a una catástrofe ambiental. El responsable del accidente respondería por vía sancionadora o con la paralización de la actividad causante del daño.

"El problema era determinar quién era el agente de la contaminación o del daño", explica Yolanda Guerra, socia de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del despacho de abogados Cuatrecasas.

En 2007, cinco años después del accidente del Prestige y tras el cambio de Gobierno, que en ese momento contaba con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, entró en vigor la Ley de Responsabilidad Ambiental, "un cambio sustancial en la responsabilidad por daños ambientales", cree Guerra. "Se trata de un avance muy positivo, porque se considera la responsabilidad objetiva y la obligación de reparar el daño sin necesidad de establecer causa y efecto. Asimismo, la Administración debe actuar sobre la marcha", explican desde Uría y Menéndez.

La norma también prevé por primera vez el riesgo de daño, sobre la salud, la calidad del agua, del suelo, etc.

Desde 2007, la regulación amplía el alcance de la responsabilidad hasta los operadores que controlen una actividad económica, ya sean públicos o privados. Este aspecto acota a las empresas extranjeras responsables si el daño ambiental se produce en España. Se evitaría así el caso de la compañía sueca Boliden tras el desastre de la mina de Aznalcóllar, que aunque radicada en España, tomaba sus directrices desde Suecia.

Tras más de 10 años desde la explosión de la presa que dejó Doñana invadida de lodo, la compañía no ha pagado ni uno solo de los 90 millones de euros que la Administración andaluza le reclama por vía administrativa por los gastos de limpieza del vertido.

La ley de 2007 exige además a las compañías cuyas actividades presenten riesgos ambientales, entre ellas las químicas y las petroleras, la creación de un depósito de prevención de hasta 20 millones de euros.

Ahora, la crisis económica ha frustrado este apartado. El plazo para la adopción de la orden ministerial que debe concretar su aplicación venció el pasado mes de marzo sin que se haya perfilado todavía, entre otras razones, por las restricciones de crédito de las entidades bancarias. "Pero ya es un paso positivo, ya que las auditorías a estas empresas estarán atentas a que las compañías constituyan el fondo", explica Guerra.

En este sentido, Estados Unidos se perfila como un modelo a seguir. "En España se abusa de la vía penal", explican desde Uría y Menéndez. Por ello, la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental pretende que, en caso de daño y si la compañía responsable no puede asumir el pago, lo haga el Estado a través de este fondo.

En 2005, tres años después del Prestige, la Comisión Europea revisó la directiva sobre transporte marítimo y obligó a que los buques que transportan hidrocarburos pesados en sus aguas sean de doble casco.

En estos años también ha mejorado el sistema de indemnización a los afectados por vertidos de hidrocarburos pesados, como fue el caso del Prestige. Los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), de los que España forma parte, han visto aumentar sus presupuestos desde el desastre en la costa gallega.

Ocho de sus 110 países miembros firmaron en 2005 un convenio para la creación de un fondo complementario, que asciende a 750 millones de derechos de giro, el equivalente a unos 1.000 millones de euros. En 2002, dicho fondo ascendía a 148,7 millones.

Las cifras

2.233,76 millones de euros de indemnización pide el fiscal al capitán del buque por el vertido del 'Prestige'.

150.000 aves se vieron afectadas por el fuel del buque. Las estimaciones del fiscal elevan la cifra hasta 600.000.

90 millones de euros debe la compañía sueca Boliden a la Administración andaluza.

BP releva a Hayward de la tarea de limpiar el vertido del golfo de México

Cuando se cumplen 24 días desde la explosión de la plataforma petrolífera del gigante British Petroleum en el golfo de México, la maltrecha compañía ha decidido relevar a su consejero delegado, Tony Hayward, como máximo responsable de la gestión directa de los esfuerzos para limitar el impacto del vertido de crudo y el desgaste mediático del ejecutivo.

La compañía, que no deja de caer en Bolsa desde que la plataforma Deepwater Horizon explotara y el accidente se saldara con la muerte de 11 personas, creará un departamento especial para gestionar el desastre, dirigido por el director del consejo de administración de BP, Bob Dudley, procedente de Misisipí, una de las regiones afectadas por el escape de crudo.

El gigante petrolero intenta atajar así las duras críticas que ha recibido desde el accidente, por el que se ha abierto una investigación para dilucidar la responsabilidad de la compañía, entre otros aspectos, si estaba al corriente de las insuficientes medidas de seguridad de la plataforma.

Hayward ha sido criticado por la lentitud para detener el vertido y su indiferencia hacia la grave situación que atraviesan las miles de personas afectadas.

La Administración de Obama, que ha puesto en el desastre ecológico toda su credibilidad, criticó que Hayward haya salido de regata la semana pasada, mientras miles de litros de crudo siguen fluyendo hacia las aguas del golfo de México.

"Creo que podemos llegar a la conclusión de que Tony Hayward no va a tener una segunda carrera profesional como especialista en relaciones públicas. æpermil;sta se añade a una larga lista de equivocaciones", espetó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, en una entrevista, según recoge Efe.

El nuevo departamento de la compañía gestionará el fondo de 20.000 millones de dólares creado por BP para compensar a los afectados por la contaminación.

Hayward se dedicará ahora a seguir las exigencias de los accionistas, "de forma que podamos hacer frente a sus preocupaciones y retirar los obstáculos que hay en el camino para que seamos más eficaces", recoge Efe. Su prioridad, dice, sigue siendo el incidente en el Golfo.

Cronología

-13 noviembre 2002: Fuga. El petrolero Prestige, con matrícula de Bahamas y 76.972 toneladas de fuel, se escoró y empezó a derramar hidrocarburos a unos 30 kilómetros de Finisterre.

- 19 noviembre 2002: Naufragio. Cuando el buque empezaba a ser remolcado para alejarlo de la costa, se partió en dos y se hundió a 260 kilómetros al oeste de Vigo.

- 23 diciembre 2002: Contaminación. Un total de 518 playas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se vieron afectadas por el vertido.

- mayo de 2004: Limpieza. El Gobierno de José María Aznar contrató a Repsol para extraer los restos de crudo, por 109 millones.

- mayo de 2005: Indemnizaciones. El convenio del fondo firmado por España elevó a 171 millones de euros el pago a los afectados, el 15% de las pérdidas.

- 9 junio 2010: Responsabilidad. El fiscal pidió 12 años de prisión para el capitán del buque, Apostolos Mangouras.