Fotovoltaica, coste cero
Las centrales fotovoltaicas puestas en marcha a partir de 2011 producirán energía a un coste que se verá compensado con los ahorros que esta energía genera en el sistema eléctrico. Todo ello sin tener en cuenta el resto de externalidades positivas (entre ellas, la generación de empleo, el cumplimiento de los compromisos de Kioto o la disminución de la dependencia energética del exterior). Sin duda, esto significaría un claro éxito de las políticas de fomento de las energías renovables impulsadas por el Gobierno y promovidas por la Unión Europea.
Entre otras muchas ventajas, la mayor producción española en renovables explica parte de la bajada de precios que el mercado mayorista de la electricidad (el llamado pool) mantiene desde 2009. Este abaratamiento, que se explica por las propias ineficiencias de ese mercado, ni se ha trasladado hasta ahora a la factura de la electricidad ni ha contribuido a reducir el déficit. En los últimos meses, muchas fuentes interesadas intentan demostrar que tanto las subidas necesarias en el recibo eléctrico como el déficit tarifario acumulado se deben principalmente a los costes de las energías renovables, un argumento que de ningún modo refleja la realidad.
La factura eléctrica de cualquier consumidor, particular o industrial, comprende dos conceptos: los costes de acceso, por un lado, y los de energía, por otro. Junto a las de cogeneración, las tarifas a las renovables son una parte de los costes de acceso, y representan en torno al 35% del coste total. En el sistema actual, estas tarifas a las renovables resultan visibles, transparentes y fáciles de calcular, además de necesarias.
Ahora bien, entre los costes de energía coexisten con ellas excesos de retribución a centrales nucleares o hidroeléctricas (los llamados windfall profits, o beneficios caídos del cielo) muy difíciles de detectar, salvo por expertos, y que carecen ya de cualquier justificación económica, o los costes de transición a la competencia, los famosos CTC.
Revisar éstas y otras ineficiencias y sobrecostes existentes en el sistema regulatorio del sector eléctrico, ninguna de ellas achacable a las renovables, supondría un ahorro de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. Lo cierto es que el grueso del déficit tarifario se debe a esas sobrerretribuciones no justificadas en el régimen ordinario. Echarle la culpa al único factor visible del sistema resultaría totalmente injusto, e iría en contra del consumidor.
En el sistema eléctrico actual, cualquier energía renovable del régimen especial, incluida la fotovoltaica, contribuye a reducir el precio del pool. De acuerdo a las reglas de fijación de precios del mercado eléctrico, las ofertas de venta de energía se van asignando en orden creciente de precios, de modo que las energías más baratas son las primeras en participar, y la última en entrar es la que fija el llamado precio marginal, con el que se retribuye a todas las tecnologías.
Remunerar a todas las tecnologías por igual, con independencia de cuál sea su coste de generación, es lo que da lugar a los windfall profits, los beneficios caídos del cielo. Equivale a que centrales ya amortizadas y con costes de producción más bajos, fundamentalmente la hidráulica y la nuclear, disfruten de una excesiva rentabilidad, al recibir los mismos ingresos que las centrales con costes de producción más elevados.
Las energías renovables del régimen especial participan en el pool presentando ofertas a precio cero. Se hace así para aprovechar todo el recurso natural (viento o sol) que se pueda, ya que éste no puede almacenarse. La fotovoltaica en particular, al producir energía en los momentos de mayor consumo, cuando los precios del pool son más elevados, es la que contribuye por unidad de potencia de forma más significativa a esa reducción de precios.
Además de ese abaratamiento, la fotovoltaica produce otros ahorros significativos, como la reducción de precios derivada en la energía no negociada en el pool (aunque también va referenciada a él), es decir, contratos bilaterales, subastas, etcétera, o la reducción de pérdidas eléctricas, ya que al producirse muy cerca de los puntos de consumo reduce las pérdidas asociadas al transporte y distribución de energía, que en el sistema eléctrico peninsular rondan el 10%. Asimismo, ahorra derechos de emisión de CO2, e invierte en modernizar las redes de distribución.
Si se cuantifican todos estos ahorros y se considera que no toda la retribución fotovoltaica procede de las tarifas de acceso, ya que una parte de los ingresos los recibe al participar en el pool (ya se ha indicado que todas las tecnologías se retribuyen al precio marginal), puede calcularse fácilmente la tarifa de equilibrio de la fotovoltaica, es decir, aquella retribución en la cual su coste en tarifas se compensara con los ahorros producidos.
En un escenario normal, con hidraulicidad media, un consumo global de energía no afectado por la crisis y unos precios del pool del orden de 50 euros por megavatio hora, la tarifa de equilibrio se sitúa en torno a los 200 euros por megavatio hora. Según la curva de evolución de costes de la tecnología fotovoltaica, una de las más rápidas de entre todas las tecnologías existentes, este coste se podría alcanzar en 2011.
Ante esta realidad, no podemos dejar de pensar que todas las afirmaciones, cargadas de un alarmismo extremo (e interesado, pues proceden de empresas del sector de los combustibles fósiles), que se escuchan en las últimas semanas sobre el alto coste de las renovables son, por lo menos, sospechosas de tergiversar la realidad energética.
José Benito García. Director de Operación y Mantenimiento de T-Solar