Hacienda investiga 1.000 cuentas opacas de españoles en la banca suiza

La Agencia Tributaria ha enviado requerimientos en las últimas semanas a unos 1.000 españoles con grandes fortunas que presuntamente sacaron capitales ilegalmente del país para ubicarlos en cuentas suizas. La estrategia de Hacienda es recuperar el dinero evadido a través de la vía administrativa para no acudir a la penal, donde los procesos se eternizan.

Algunos ya hablan de "Liechtenstein 2". Hacienda, a través de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude, ha obtenido los datos de 1.000 cuentas opacas en la banca suiza de españoles que presuntamente habrían evadido miles de millones en impuestos en España. A pesar de que se trata de grandes fortunas, la Agencia Tributaria pretende recuperar los importes por la vía administrativa. Si quisiera, podría enviar el caso directamente a la fiscalía, ya que los importes defraudados superan los 120.000 euros, límite a partir del cual ya se considera delito.

Sin embargo, Hacienda está presionando para que los presuntos defraudadores opten por regularizar su situación antes de iniciar la vía penal. En el caso de que algunos de los españoles descubiertos con cuentas opacas en Suiza optaran por regularizaciones extemporáneas deberían pagar los impuestos que en su día sortearon con un recargo del 20%. Además, también estarían obligados a abonar los intereses de demora.

El caso recuerda al escándalo de Liechtenstein -en el que España obtuvo a través de Alemania datos de 198 personas con cuentas secretas en el pequeño principado-. Sin embargo, esta investigación que lleva a cabo Hacienda es mucho más ambiciosa ya que afectaría 1.000 personas. En el caso de Liechtenstein, la Agencia Tributaria también dio la opción a los presuntos defraudadores de regularizar su situación, aunque todos prefirieron acudir a la vía penal.

La Agencia Tributaria teme que la situación se vuelva a repetir. Expertos fiscales explican que, en muchas ocasiones, es preferible para los investigados ir por la vía penal en lugar de la administrativa. El caso de Liechtenstein parece que les da la razón, ya que pasados más de dos años desde que se destapó el caso, aún ninguno de los acusados ha tenido que declarar o ha sufrido un embargo.

La reforma del Código Penal que ayer se publicó en el BOE prevé penas de uno a cinco años de cárcel para los delitos contra la Hacienda Pública, lo que supone elevar un año la pena máxima. En cualquier caso, las modificaciones del Código Penal entrarán en vigor dentro de seis meses y, por tanto, los presuntos evasores se enfrentaría a penas de cárcel de hasta cuatro años.

Entre Suiza y España existe convenio fiscal que contempla el intercambio de información fiscal, sin embargo, el acuerdo contempla multitud de salvedades que, en la práctica, provoca que la información que facilita la Hacienda suiza a las autoridades españolas sea mínima. Ello es comprensible si se tiene en cuenta que la fortaleza economía del país alpino residen en el atractivo de mantener el secreto bancario.

Aun así, la presión de Estados Unidos obligó a las autoridades suizas a informar el años pasado sobre 52.000 estadounidenses que, presuntamente habían utilizado las ventajas que ofrece el anonimato bancario para evadir impuestos. El Gobierno suizo para tranquilizar a sus inversores asegura que sólo intercambiará información sobre cuestiones fiscales en casos puntuales en los que exista un petición debidamente justificada".

Código Penal

l El nuevo Código Penal establece penas de cárcel de hasta cinco años para los que defrauden más de 120.000 euros. Antes, el máximo eran cuatro años. Y fija multas que multiplican por seis el importe defraudado.l La legislación también prevé que los tribunales puedan recabar el auxilio de la Agencia Tributaria para la ejecución de la pena y la multa. Esta medida resulta importante, ya que en España no existen jueces especializados en fraudes fiscales.