Ahorrar I+D+i es un atajo a ninguna parte
No resulta sorprendente que el pasado año se redujese en España la inversión en I+D+i, algo que no sucedía desde 1994. Según los datos publicados ayer por el INE, esta caída -del 2,4%- hay que achacarla en exclusiva al sector privado, pues el público incrementó sus fondos un considerable 5,4%. Se puede explicar que las empresas hayan recortado en esta partida, obligadas a recomponer todas sus inversiones y reducir costes para sobrevivir a la dura crisis y a la fuerte caída de la demanda. Sin embargo, el abandono de la I+D+i equivale a tomar un atajo que no conduce a ninguna parte, pues la dura competencia no sólo se afronta rebajando precios, sino principalmente ofertando productos y servicios capaces de atraer la atención de los disputados clientes. Y para eso, es preciso seguir desarrollando, investigando e innovando.
La empresa española en su conjunto tiene un problema de competitividad, amenazada por los fuertes aumentos en los costes salariales de los últimos años, pero también por una productividad que no resiste la comparativa con el resto de socios comunitarios. No obstante, se tiende a olvidar demasiadas veces que la productividad de cada empresa no sólo depende de su capital humano -tanto del número como de la cualificación de la plantilla-, sino también del capital tecnológico. La inversión en innovación, uno de los componentes básicos de la I+D+i, permite avanzar en procesos productivos más eficientes que garanticen mayor calidad a los artículos y reduzcan el coste de fabricación. Sin embargo, esta partida ha sufrido un fuerte retroceso durante el último año.
Pasado el peor momento de la crisis, es evidente la necesidad de recomponer la inversión en I+D+i. En definitiva, hasta el gestor menos experimentado sabe que el éxito empresarial reside en ofertar productos y servicios más atractivos que los de la competencia y modelos productivos que aseguren precios ajustados. Aunque el marco legal y fiscal que ampara la I+D+i es sensiblemente mejorable, la reducción de la inversión privada no es achacable a los poderes públicos. Hay que celebrar que el Gobierno mantenga su apuesta por esta partida a pesar de que en 2009 se produjeron ya recortes presupuestarios.
El Ejecutivo debe también mejorar las bases para incrementar la relación entre la universidad, uno de los motores de la I+D en España, y la empresa privada. Buena parte de los fondos de la enseñanza superior deberían ligarse a su capacidad investigadora y proceder de la aportación privada, dispuesta a financiar proyectos rentables desde el punto de vista comercial. Esta es otra reforma pendiente que facilitará el acceso a la investigación a muchas pymes españolas. Pero lo más urgente es que la empresa renueve su apuesta por la I+D+i.