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ERC, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai votaron en contra

El Congreso convalida la reforma laboral con los votos del PSOE y la abstención de PP, CiU, CC, UPyD y UPN

El Pleno del Congreso convalidó esta tarde el decreto ley de la reforma laboral planteada por el Gobierno y lo hizo con el único apoyo de los diputados socialistas, salvo Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO, que optó por abstenerse rompiendo la disciplina de grupo.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy en el Congreso
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy en el Congreso

El PP, los nacionalistas de CiU, PNV y CC, así como UPyD y UPN se decantaron también por la abstención, posición que sumó 173 votos, más incluso que los que se pronunciaron a favor. En contra se pronunciaron los ocho diputados de ERC, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai.

Eso sí, todos los partidos apoyaron la tramitación parlamentaria del decreto ley como un proyecto legislativo, susceptible por tanto de presentación de enmiendas de modificación a su articulado.

El texto se publicará en breve en el Boletín Oficial de las Cortes Generales ara su tramitación por la vía de urgencia. Eso sí, para que se apruebe en julio será preciso que se habilite a la Comisión de Trabajo para trabajar ese mes, que está fuera del periodo ordinario de sesiones.

Los socialistas afrontan el trámite sin apoyos que le permitan evitar cambios sustanciales en su contenido.

Sin aplausos

Como ocurrió hace unas semanas tras el debate de medidas de ajuste, que también salió adelante sólo con los votos del PSOE, tras el debate no se escuchó ni un sólo aplauso en el hemiciclo.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que la reforma "beneficiará directamente" a los ocho millones de españoles en paro o con contrato temporal, sin "merma de derechos" para los once millones con contrato estable, y supone un paquete de actuaciones orientadas a potenciar la aún "incipiente" salida de la crisis, si bien sus palabras no convencieron a la oposición, que arremetió en bloque contra una norma que ven "confusa" y que "abarata enormemente el despido".

PP: reforma laboral del despido

Así la portavoz del PP. Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que España necesita una reforma laboral, "pero no la presentada por el Gobierno", sino una que flexibilice la negociación colectiva y apueste por la formación profesional. No obstante, justificó su abstención porque quiere este debate en el Congreso. "La reforma laboral del Gobierno es la del despido y la que salga de este Parlamento debería ser la del empleo", afirmó entre abucheos de la bancada socialista.

El portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, achacó al "absentismo" del Gobierno del fracaso del diálogo social y de que se haya "perdido demasiado tiempo" por sus "prejuicios" ideológicos para aprobar finalmente una medida "continuista" con las medidas aprobadas desde 1994. "No supone ninguna revolución", incidió.

Su homólogo en el PNV, Emilio Olabarria, señaló que la reforma "abarata espectacularmente el despido" y se elevará el paro, ya que las condiciones para el despido objetivo no quedan claras, por lo que es necesario que el tramite parlamentario "enderece" las propuestas "mal enfocadas" que pueden ser contraproducentes, como a su juicio ocurrió con el decreto de recortes a la hora de recabar la confianza de los mercados.

UPyD: "Es un quiero y no puedo

Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, señaló que no se opondría a la tramitación de la reforma que ha pedido "reiteradamente", aunque considera el texto una "oportunidad perdida" por su carácter "insustantiva y confusa", que no aborda lo relevante. "Es un quiero y no puedo", remachó.

El representante de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, señaló que se abstendrá "por responsabilidad" como hizo con las medias de ajuste presupuestario aprobadas casi un mes. En la misma línea, el diputado de UPN, Carlos Salvador, señaló que la norma será "injustificada e incompleta" hasta que no se apruebe definitivamente la norma se generarán nuevas incertidumbres tras dos años de injustificado retraso.

ERC: al Gobierno se le ha quemado el embrague de dar marcha atrás

En la defensa de los votos en contra, 'abrió fuego' el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien lamentó que la reforma llegue tarde y mal a manos de un Gobierno acuciado por la deuda y los mercados con una "manía compulsiva" por los recorte sociales, por lo que será necesario "corregir el tiro" durante la reforma laboral.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ICV, Joan Herrera, reprochó a Corbacho que "ahora no toca" la reforma laboral y que hay medidas mucho más urgentes, aunque lo peor, a su juicio, es que la propuesta del Gobierno "es fuerte con los débiles" y "débil con los fuertes".

La diputada de BNG, Olaia Fernández Dávila, expresó su temor a que la norma sea sólo la "antesala de lo que se avecina" con un paquete de medidas que, frente a lo prometido por Corbacho, abarata el despido y merma los derechos de los trabajadores

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, se sumó al rechazo y lamentó que la reforma "ignora" y se ah negado a "hincar el diente" ala revisión de la formación profesional, una de las medidas que su formación quiere llevar en sus enmiendas a la norma que se tramitará como "asignatura pendiente" en junio.

Corbacho: la reforma laboral beneficia a 8 millones de parados

Por otra parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió hoy que la reforma laboral aprobada por el Gobierno beneficiará directamente a los ocho millones de españoles en paro o con contrato temporal, sin "merma de derechos" para los 11 millones con contrato estable, y supone un paquete de actuaciones orientadas a potenciar la aún "incipiente" salida de la crisis.

Según el ministro, la reforma no abarata el despido, puesto que cualquier trabajador con contrato indefinido percibirá la misma indemnización "antes y después de la reforma".

En su opinión, la reforma mejora las condiciones laborales y la capacidad competitiva de las empresas, puesto que las dota de mayor flexibilidad, lo que contribuye a incrementar la productividad de la economía.

Por ello, pidió a todos los partidos, apelando a su "responsabilidad", que la convaliden en el Congreso porque, dijo, sus planteamientos son equilibrados y sin merma de derechos.

Para el ministro, la reforma que propone el Gobierno es la que se "precisa en este momento" para impulsar la recuperación económica y para hacer del empleo un factor "más productivo, más equitativo y de más calidad".

En su intervención destacó que, entre las medidas principales, se encuentran las dirigidas a restringir el uso "injustificado" de la contratación temporal, para lo que se fija un límite temporal máximo en las modalidades de obra o servicio determinado; y se incrementa la indemnización por finalización de contrato (de 8 a 12 días en 2015).

Al mismo tiempo, precisó que para favorecer la contratación indefinida se amplían los colectivos que pueden acceder al contrato de fomento del empleo estable (cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario).

También recordó que el Fondo de Garantía Salarial asumirá -de forma temporal y hasta que se cree el Fondo de Capitalización- ocho días de las indemnizaciones por despido.

Corbacho se refirió también a que se "precisa y racionaliza" el contenido de las causas de despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que otorgará "mayor certeza y seguridad a trabajadores y empresarios, y facilitará el control judicial".

En cuanto a la flexibilidad interna de las empresas, dijo que en la reforma se dota de mayor "agilidad y eficacia" a los procesos negociados para la modificación "sustancial" de las condiciones de trabajo; y se permite a las empresas con dificultades no aplicar las subidas salariales pactadas.

Como tercer objetivo global, apuntó la mejora de las oportunidades de acceso al empleo de los parados y, en particular, de los jóvenes, lo que conlleva una regulación "más rigurosa y selectiva" de las bonificaciones a la contratación, añadió.

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