El 50% de los nuevos contratos indefinidos de 2010 tendrán 33 días de indemnización
El 50% de los nuevos contratos indefinidos de 2010 tendrán 33 días de indemnización, según se recoge en la memoria de impacto presupuestario que acompaña a la norma que mañana convalidará el Congreso de los Diputados. Esta modalidad de contrato supondrá el 60% de los contratos en 2011.
Las medidas contenidas en el decreto ley de reforma laboral aprobado hace una semana por el Gobierno tendrán un coste de 740,55 millones de euros hasta 2012, de los que 123,62 millones corresponderán al abono por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de indemnización por despido en todos los contratos indefinidos.
Así consta en la memoria de impacto presupuestario que acompaña a la norma que mañana convalidará el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press, y que estima que la reforma propiciará la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización.
Según las previsiones del Gobierno, el Fogasa, que se nutre de cotizaciones sociales, tendrá que atender a 179.145 despidos con salarios medios diarios de 86,3 euros, con lo que el organismo público debería desembolsar 690,1 euros por cada uno hasta el 1 de enero de 2012, fecha en la que está prevista la puesta en marcha del futuro fondo de capitalización individual.
471,17 millones en bonificaciones
En materia de bonificaciones a la contratación, el Ejecutivo prevé un coste de 471,17 millones de euros, de los que el mayor porcentaje corresponde a los incentivos de contratación indefinida de personas desempleadas mayores de 45 años durante tres años, que alcanzarán los 212,88 millones de euros.
Bonificar la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años con especiales problemas de empleabilidad supondrá 124,17 millones, mientras que la conversión en contratos indefinidos de contratos de formación y en prácticas, relevo y sustitución sumarán 53,58 millones de euros para los próximos años.
Asimismo, el Ejecutivo estima que la exención de cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en contratos para la formación, que para 2010 se fijan en 450 euros anuales para el empresario y 73 euros para el trabajador alcanzarán los 80,54 millones de euros.
Otra de las novedades incluidas en la norma, el reconocimiento de la prestación de desempleo en los contratos para la formación a partir de 2011 supondrá un coste de 30 millones acumulado entre ese ejercicio (16 millones) y 2012 (14 millones).
116 millones para el modelo alemán
Además, el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, en línea con el conocido ''modelo alemán'', supondrá 116 millones de euros. De esta cantidad, 63,36 millones de euros (39,6 en 2010 y 23,76 en 2011) se derivan de la ampliación al 80% de la bonificación por mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por ERE cuando aprovechen ese periodo para desarrollar acciones formativas.
Los restantes 52,4 millones proceden de la ampliación a 180 días del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo en caso de suspensión seguida de extinción del contrato, que costarán 8,8 millones en 2010, 17,4 millones en 2011 y 26,2 millones en 2012.
El PSOE, dispuesto a introducir mejoras
Por su parte, la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, ha defendido hoy la reforma laboral aprobada por el Gobierno "tal y como está", aunque ha asegurado que los socialistas están abiertos a negociar con todas las fuerzas parlamentarias que "quieran ser constructivas" para mejorar la nueva norma.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, Pajín se ha referido al decreto ley que entró en vigor el pasado viernes y que mañana probablemente será convalidado por el Congreso.
No ha detallado qué puntos están dispuestos a negociar los socialistas y no se ha pronunciado en torno a una mayor clarificación del despido por causas económicas.
Pajín ha apelado a la prudencia para no revelar la marcha de las negociaciones que los socialistas mantienen con otras fuerzas políticas y se ha limitado a ratificar su convencimiento de que será convalidado.