Parece pero no es...
Hemos tenido un año legislativo intenso desde todos los puntos de vista pero especialmente en relación al proceso para la aprobación definitiva -esta semana- de la nueva ley que establece nuevas medidas en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El Grupo Parlamentario Socialista, ha venido defendiendo como principio general de regulación de la actividad comercial la libertad contractual entre las empresas y la autonomía de la voluntad de las partes, porque creemos que es el mecanismo que menos distorsiona la actividad económica, principios que se encuentran en la inmensa mayoría de las legislaciones comerciales de la Unión Europea y previsiblemente en el contenido de la futura Directiva sobre morosidad.
A lo largo de la tramitación de la proposición de ley en el Congreso y en el Senado las enmiendas que hemos presentado han ido en la línea de mejorar el texto original presentado por CiU, garantizando una mayor seguridad jurídica a los operadores y dando una mayor coherencia a la legislación que se pretende aprobar y muy especialmente, buscando una efectiva protección para las pymes y los autónomos que son los operadores más vulnerables.
Muy a pesar de los partidos de la oposición, especialmente del Partido Popular, nuestro grupo parlamentario ha sido el autor de, todos los preceptos que regulan la morosidad en las Administraciones públicas -como ya se planteaba en el borrador de la Ley de Economía Sostenible-, de los preceptos que mejoran la consideración de las cláusulas abusivas, de los que establecen la indemnización por los costes de cobro, de los que incorporan la promoción de los códigos de buenas prácticas y que promueven la resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje.
Ha sido el Grupo Socialista el que introdujo en esta Cámara el debate sobre la cadena agroalimentaria exigiendo una mayor protección para los pequeños y medianos agricultores que condujo a toda la nueva disposición adicional.
Y hemos sido nosotros los que sugerimos la necesidad de incorporar en las cuentas anuales la información de plazos de pago a proveedores dentro del nuevo sistema de garantías para que esta ley sea aplicable, eficaz y contundente.
Y sin embargo, no hemos sido los que han introducido enmiendas que vienen a favorecer a las grandes empresas, por un lado con el café para todos en contra del principio de discriminación positiva para las pymes y autónomos, o por otro excluyendo de su aplicación al sector editorial -que su desarrollo posiblemente beneficie a determinadas empresas- o dilatando los plazos para su aplicación como en el caso de las grandes constructoras entre algunos ejemplos.
Puede haber asuntos pendientes, sin duda, y por ello, vamos a hacer un verdadero seguimiento para conocer su grado de aplicación y estimular aquellas mejoras que sean necesarias para erradicar de una vez lo que hemos calificado como la cultura de la morosidad.
Félix Larrosa. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Ponente de la ley de morosidad