La profundidad y la velocidad de la reforma
El Gobierno está ahora convencido de que la urgencia en la aplicación de la reforma laboral es un activo de suma trascendencia para la recuperación de la economía española. Tras años negando la necesidad de cambios en la normativa laboral o aceptándola sólo en el caso de que estuviese pactada entre los sindicatos y la patronal, el Ejecutivo se ha puesto a la vanguardia del reformismo y quiere exprimir los plazos parlamentarios todo lo posible para que la nueva norma definitiva esté disponible antes del otoño. La norma ya es de aplicación, puesto que está aprobada por el Consejo de Ministros y timbrada en el Boletín Oficial del Estado. Pero su tramitación como proyecto de ley puede generar expectativas empresariales acerca de cambios más ambiciosos en la norma, lo que retrasaría unos meses su uso en materia de contratación. Por ello, el Gobierno no descarta un trámite acelerado, siempre que no exista demasiada maniobra dilatoria por parte de los grupos de la oposición con la presentación de ingentes cantidades de enmiendas.
Aunque en la intención del Ejecutivo de acelerar el proceso puede haber tanto de cálculo político como de justificación económica, puesto que hay un proceso electoral en Cataluña, una huelga general convocada para el 29 de septiembre y una reforma adicional pendiente como es la de las pensiones, la argumentación económica no es despreciable. Pero tampoco hay que atribuirle un valor definitivo: la estabilización de la economía española no ha concluido, a juzgar por la evolución del empleo en los últimos meses, y es mucho suponer que por el simple hecho de poner en marcha una reforma laboral el empleo va a comenzar a crecer. Las tasas de destrucción de ocupación en los primeros meses del año se mantienen por encima del 2%, aunque coyunturalmente en el segundo trimestre podrían haberse moderado, lo que significa que el ajuste cíclico no está en absoluto terminado. Por tanto, la prisa está sólo parcialmente justificada. Además, si la economía española ha podido vivir casi tres años de crisis con la legislación vigente hasta la semana pasada, seguro que la soporta seis meses más. Es preferible esperar otro semestre para disponer de una verdadera reforma laboral que acelerar la aprobación de un proyecto que tiene ingentes limitaciones si damos por buenos los análisis que profusamente han hecho la semana pasada los expertos.
Y dado que reformas laborales no se hacen todos los días, aprovechando que hay un proyecto en el Parlamento, todos los grupos políticos deberían implicarse y dotar al mercado de trabajo del grado de flexibilidad que precisa para devolver al país los niveles de ocupación que tenían antes de la crisis lo antes posible. Las propuestas del Gobierno son posiciones de partida, y no deben ser entendidas como definitivas en ningún caso. La ambigüedad introducida en varios aspectos de la legislación, que supone fragmentar más el mercado, perpetuar la dualidad y dejar las verdaderas soluciones acerca de los despidos para unos jueces con un criterio unidireccional de protección a la parte más débil, puede ser corregida si todos los grupos aportan soluciones y son atendidas. Si el Ejecutivo pide consenso y compromiso, debe estar dispuesto a ceder en buena parte de las cuestiones que su reforma ha dejado muy cojas.
Pero una flor no hace primavera. Esta única reforma por sí sola no garantiza el retorno al crecimiento, puesto que aunque abarate parcialmente el coste del factor trabajo, se plantea en un momento en el que la renta disponible de la población sigue en franca contracción (reducción de empleo, congelación de salarios, subidas de impuestos y repunte de precios). Pero para que tenga verdadera efectividad debe ir acompañada de otras reformas capitales que logren permutar por optimismo el pesimismo de consumidores, emprendedores e inversores. Y tales reformas no pueden esperar como ha esperado la laboral; tienen que ser inmediatas, aunque para recoger el calado que precisan deben estar bien pensadas y bien diseñadas.
El Estado del bienestar (pensiones y desempleo); la eficiencia de la Administración pública y su gasto; la energía; la justicia; la formación y la educación; la distribución comercial, etc., son modificaciones que tienen que ser atendidas para ampliar el crecimiento potencial de la economía.