Las cajas rechazan una tasa bancaria y resaltan que ninguna entidad española ha recibido ayudas públicas

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, rechazó hoy el establecimiento de una tasa bancaria para el sistema financiero español, y recordó que ninguna entidad española ha recibido ayudas públicas, a diferencia de otros países europeos, que han destinado en su conjunto 1,8 billones de euros.

"No podemos entender la tasa bancaria, eso es para países donde no se han hecho los deberes", dijo Olavarrieta, durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Las entidades españolas "no han recibido todavía ni un euro de dinero público", enfatizó Olavarrieta, tras explicar que los 1.300 millones de euros inyectados en Caja Castilla-La Mancha (CCM), intervenida por el Banco de España, proceden del Fondo de Garantía de Depósitos que se nutre de las aportaciones de las cajas, y recordó que el dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) articulado por el Gobierno se presta a un tipo de interés del 7,75%.

El director general de la patronal de las cajas destacó que estas entidades afrontarán un endurecimiento de las exigencias de provisiones para afrontar impagos, mientras que en países europeos como Alemania, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Italia, no existe regulación que establezca la obligatoriedad de provisionar.

Ante esta diferencia, Olavarrieta aplaudió la regulación establecida por el Banco de España e incidió en que las provisiones constituidas por el sistema financiero podrían llegar a cubrir el 35% de la cartera potencialmente problemática en los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria, sin tener en cuenta los fondos propios ni la capacidad de generación de ingresos.

En este sentido, subrayó que, según los datos del instituto emisor, los activos dudosos de las cajas de ahorros se elevan a 50.900 millones de euros y la necesidad teórica de provisiones es de 7.600 millones de euros, mientras que el volumen total de provisiones de las cajas de ahorros se eleva a 31.100 millones de euros.

No obstante, Olavarrieta reconoció que las cajas "tienen problemas", porque al endurecimiento de las provisiones se suman la contracción del margen por la situación económica y la necesidad de engordar los recursos propios ante la regulación de Basilea III. "Es evidente que necesitamos acelerar el proceso de concentración" para contar con cajas más grandes, reconoció. También se mostró partidario de que se realicen test de estrés.

Sobre cómo se presenta el año 2011, el director general de la patronal que preside Isidro Fainé, Olavarrieta pronosticó que "no va a ser fácil, va a ser un año difícil", si bien consideró que las cajas tienen la capacidad para afrontarlo, evolucionar y ser más eficaces, y se beneficiarán del nuevo escenario más sólido que se abra con la concentración de entidades. "Conseguiremos superarlo", decía la última filmina de la presentación del director general de la CECA.

Por otro lado, Olavarrieta anunció que la patronal ha solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda que se modifiquen algunos aspectos de la normativa vigente para que pueda garantizarse un tratamiento fiscal neutro en los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), instrumentos sobre los que se articulan las conocidas como ''fusiones frías'', que en la actualidad están configurando algunas cajas de ahorros en el proceso de reestructuración.

Concretamente, la patronal de las cajas propone para estos instrumentos exenciones en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, así como tributar el IVA en el régimen especial de grupo de entidades.

El hecho de que en los SIP algunos servicios fundamentales deban ser compartidos, como es el caso de la gestión de riesgos, solvencia o liquidez, entre otros, implica que la entidad centralizada va a tener una intensa relación de prestación de estos servicios y, por tanto, de facturación sometida al IVA, con las cajas participantes, lo que supondrá importantes costes para éstas por su limitada capacidad de deducción del IVA soportado en la entidad financiera.

Según la CECA, las fusiones frías están sometidas a un tratamiento fiscal perjudicial en comparación con las fusiones tradicionales, lo que puede suponer un freno al proceso de integración de cajas mediante los SIP, ya que buena parte de las economías de escala que produciría la fusión fría podría ver anulado su efecto positivo por el régimen fiscal vigente.