El empresariado madrileño pide suavizar la normativa de operaciones vinculadas
La Cámara de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM se unieron ayer para reclamar que el Gobierno elimine las obligaciones de informar sobre las operaciones vinculadas que se produzcan dentro de España. Las operaciones vinculadas son aquellas que se realizan entre empresas del mismo grupo o entre familiares y el administrador de una compañía, por ejemplo.
La actual legislación obliga a documentar que este tipo de intercambios comerciales se han llevado a cabo bajo un precio de mercado, lo que, en opinión de la Cámara de Madrid y CEIM, supone "un coste administrativo excesivo". Ambas organizaciones argumentan que, en Alemania y Francia, el régimen de vinculadas sólo rige en operaciones internacionales y reclaman que ello también se aplique en España.
El argumento tiene sentido. Hacienda ha incrementado el control sobre las operaciones vinculadas porque entiende que a través de intercambios comerciales entre empresas del mismo grupo que se encuentran en países distintos es factible reducir las bases imponibles y recurrir a la ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Algo imposible de llevar a cabo cuando la operación vinculada se produce dentro de un mismo país.
Hacienda sólo cede en parte
El Gobierno, tras la presión de CiU, aceptó que las empresas de reducida dimensión, cuyas operaciones vinculadas no superen los 100.000 euros anuales, queden fuera de las obligaciones de documentación. El umbral se amplía hasta 250.000 euros cuando las relaciones de vinculación de una empresa se limitan a una misma persona o entidad.