La desordenada carrera de los impuestos
El fuerte desequilibrio de las cuentas públicas y su obligada reducción en los próximos años, en los que el crecimiento económico no será un aliado de los gestores de Hacienda, va a modificar radicalmente el panorama de la fiscalidad en España. El acelerado ajuste estimado para el déficit fiscal español, que debe descender al 3% en 2013, obliga a hacer descomunales esfuerzos paralelos tanto en los ingresos como en los gastos, sin que se haya abandonado todavía la crisis. Eso supone que los estabilizadores automáticos presionarán en el gasto, y la falta de generación de bases imponibles nuevas, sobre los ingresos. Tanto las subidas de impuestos como los recortes de los derechos económicos deben ser modificados con delicado celo para que no alimenten la espiral crítica de la actividad, sino lo contrario: la recuperación.
Al primer paso dado por el Gobierno, que ha cercenado 20.000 millones de euros de las partidas de gasto de este año y de 2011 sobre las inicialmente estimadas, se han sumado ya iniciativas para reforzar los recursos públicos. Aunque ha sido precisamente el presidente del Gobierno quien ha lanzado al debate la idea de exigir un mayor esfuerzo fiscal "a quienes más tienen", sin más concreción, algunas comunidades autónomas han llevado ya a sus decisiones gubernativas tal debate. Dos gobernadas por socialistas, Cataluña y Baleares, han creado un nuevo tramo en el IRPF para quienes generen una renta anual superior a los 120.000 o los 100.000 euros, haciendo uso de la capacidad normativa que la legislación les proporciona en la mitad de un impuesto que comparten con el Estado. Otras dos, Asturias y Andalucía, han anunciado que seguirán el ejemplo, que bien podría extenderse a todas las Administraciones gestionadas por el PSOE en solitario o en coalición.
Las comunidades han mantenido hasta ahora la política presupuestaria más cómoda del mundo: deciden sobre los gastos, pero no lo hacen sobre los ingresos, cuya responsabilidad de diseño, recaudación y distribución recaen en el Estado. Explotan la parte agradable del gasto, y esquivan la recaudación, la necesidad desagradable de tener que subir los impuestos a los contribuyentes cuando es necesario. Ahora, tras varios años haciendo un uso casi anecdótico de su capacidad normativa y usar sólo a medias la corresponsabilidad fiscal, se han metido en harina. Y lo han hecho porque las partidas de gasto que están fuera de control son responsabilidad autonómica. Y pocas salidas tienen si quieren cumplir con las obligaciones de ajuste presupuestario que Hacienda les ha impuesto para 2011, cuando, pese a todo, registrarán ya más déficit que el propio Estado (3,3% del PIB frente a 2,3%).
Pero las subidas de impuestos manejadas por las regiones esta semana, aunque no carecen de sentido financiero, tienen un innegable componente electoral. El hecho de que todas las decisiones se tomen en territorio socialista tras abrir el debate Zapatero, deja pocas dudas sobre ello. En el caso de Cataluña se hace casi a renglón seguido de la desfiscalización de buena parte de las bases sujetas a Sucesiones y Donaciones, en las que había más recaudación en juego de la que moviliza ahora con el IRPF.
La principal pérdida de recursos de los gestores regionales se ha producido en los tributos relacionados con la actividad inmobiliaria. La renuncia en Transmisiones Patrimoniales bien pudiera superar los 25.000 millones de euros al año, y su recuperación es imposible. Andalucía y Cantabria han elevado ya el tipo para que coincida con el nuevo IVA en julio, aunque sólo para adquisiciones de casas de más de 300.000 euros, y Asturias, Extremadura, Cataluña y Baleares quieren seguir sus pasos.
Estos movimientos y los del IRPF, en el que comunidades como Madrid incluso han bajado un punto su tramo, están comenzando a generar diferencias notables en la fiscalidad, como era de esperar de un uso libre de la capacidad normativa. Igual que palanca electoral, los impuestos también son palancas de atracción de capital o de localización industrial, y todas ellas deben ser consideradas por los gestores antes de tomar decisiones. El norte no debe ser recaudar más hoy a cualquier precio, con tipos más propios del pasado y que tienen corte confiscatorio, sino estimular la actividad para que se recupere la recaudación de forma natural.