Otra norma laboral para crear otro mercado
El presidente del Gobierno anunció ayer que el día 16, miércoles, habrá una decisión definitiva sobre la reforma del mercado de trabajo, haya un acuerdo con la patronal y los sindicatos o no lo haya. Tras dos años largos negando la necesidad de cambios en el mercado de trabajo, o limitándolos a aquellas cuestiones que de buena fe pactasen empresarios y centrales sindicales, el Gobierno, presionado por el desempleo y por los mercados financieros, ha decidido por fin dar un paso al frente. Pese al recorte radical del gasto público y al encarrilamiento de la reestructuración de las cajas de ahorros, los inversores internacionales siguen teniendo sobre España una abrasante lupa que fiscaliza cada movimiento, mientras prosiguen tensando la cuerda en la prima de riesgo, de nuevo en máximos, y en los precios de las empresas cotizadas, que descubren cómo se traslada el riesgo país a su financiación. Por ello, y pese al relativo respiro de los datos de mayo, el Gobierno ha entendido que la reforma laboral es inaplazable.
Los datos del registro de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social aparecidos ayer, pese a ser menos negativos que los de mayo del año pasado, evidencian todas las debilidades del mercado de trabajo. Temporalidad, rotación entre los ya contratados y refugio en los sectores tradicionales de bajo valor añadido. Ni un atisbo de giro hacia un modelo productivo diferente y volcado en las manufacturas, mientras que la mitad de la nueva afiliación a la Seguridad Social se concentra en la hostelería, por la recontratación masiva de fijos discontinuos con la llegada de la temporada alta del turismo. Sin embargo, sigue engordando el colectivo de demandantes de primer empleo, con una tasa de paro entre los jóvenes del 40%, porque el ajuste cíclico, aunque se acerca a su final, no ha concluido. Los datos desestacionalizados del registro (51.200 parados más) y la Seguridad Social (16.000 cotizantes menos), que revelan que el descenso de la afiliación mantiene ritmos de caída de cerca del 2%, proyectan la idea de que puede quedar varios trimestres de descensos de la ocupación. No obstante, tal variable dependerá del crecimiento, que no será boyante si la renta disponible desciende por la caída del empleo y por el ajuste de los ingresos de funcionarios y pensionistas.
En definitiva: si queremos otro mercado de trabajo, y pese a que no podemos cambiar el modelo productivo de un día para otro, precisamos otra normativa laboral. Precisamos cambios que afecten a la entrada y salida del mercado, y que afecten al tratamiento del desempeño del trabajador en la empresa. Deben movilizarse los mecanismos y costes que afectan a la entrada (tipo de contrato, salario mínimo, seguro de desempleo, formación, etcétera), así como los que afectan a la salida, en la que tiene capital importancia la indemnización por despido. Hay coincidencia general en que el coste de despido establecido en España es el más alto de la OCDE, y que ello ha provocado la búsqueda de soluciones alternativas en las últimas décadas, fundamentalmente la contratación temporal con coste cero, que han generado un mal mayor, cual es una abultada y perniciosa temporalidad, que no arraiga el compromiso de los empleadores con sus plantillas, y que disuelve las expectativas vitales de los contratados por la falta de estabilidad en sus rentas.
La posibilidad de crear un contrato fijo único con indemnización creciente en función de la antigüedad, que suponga la eliminación de todos los contratos temporales, es seguramente la idea más equilibrada de cuantas se han puesto sobre la mesa, y parece haber encontrado el respaldo del Ministerio de Economía, así como el rechazo del de Trabajo, más partidario de extender el contrato de 33 días, manteniendo la contratación temporal, pero sin incentivo alguno. Y desde luego hay que modificar los mecanismos que determinan los costes internos del factor trabajo para la empresa, sobre todo los salarios. Es preciso atajar los poderes sobrenaturales de los convenios sectoriales y territoriales, para dar espacio creciente a los de empresa, que recogen con más veracidad la realidad de las relaciones laborales. Las empresas no están hoy en España para aceptar las subidas salariales decididas en las alturas, sino para ceñirse a sus condiciones para salvar la mayor cantidad posible de empleo. Si el calado de la reforma laboral anunciada llega a estas consideraciones, bienvenida sea.